La reglamentación del Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI) ya tiene letra chica. A través de la Resolución General Conjunta 5849/2026, publicada en el Boletín Oficial, el Gobierno definió los requisitos, condiciones y mecanismos operativos para acceder a los beneficios fiscales previstos por el nuevo esquema impulsado por la Ley 27.802. La medida fue firmada por la secretaria de Energía, María Carmen Tettamanti; Sergio Iraeta, secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, y Andrés Vázquez, director de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). En un comunicado, Agricultura destacó el punto de que se implementó la reducción de impuestos para la valuación de hacienda de invernada.

La normativa pone el foco en los criterios que deberán cumplir las micro, pequeñas y medianas empresas para transformarse en beneficiarias del régimen, además de establecer las pautas de coordinación entre los organismos encargados del control y seguimiento de las inversiones.

El RIMI fue creado con el objetivo de “incentivar las medianas inversiones nacionales y extranjeras en la República Argentina, promover el desarrollo económico y de las cadenas de valor, desarrollar y fortalecer la competitividad de los diversos sectores económicos, favorecer la creación de empleo e incrementar las exportaciones de mercaderías y servicios”.

Según la reglamentación, el esquema contempla beneficios impositivos vinculados con “la amortización acelerada en el impuesto a las ganancias y a la devolución de créditos fiscales en el impuesto al valor agregado”.

La Ley de Modernización Laboral, que la Justicia mantuvo vigente tras varios amparos presentados por la CGT, no solo establece cambios en el mundo del trabajo, sino que también implica una serie de beneficios para el sector agropecuario, en especial, el ganadero.

Es por eso que la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, que la sanción de la Ley 27.802/2026 efectivizó la posibilidad de hacer un cambio en la valuación de la hacienda de invernada, en especial de las categorías de vaquillonas y novillos.

Así, con plena vigencia de la normativa impulsada por el Poder Ejecutivo Nacional y sancionada en el Congreso, la medida “alivia la carga impositiva de una producción de largo plazo y tan competitiva como es la ganadería”, resaltaron desde la cartera nacional.

Según detallaron desde Agricultura, en la aplicación del artículo n° 193 de la mencionada ley, los productores pueden definir valuar su stock de invernada utilizando el costo estimativo por revaluación anual.

Para el cálculo de la valuación de las vaquillonas y de los novillos, el productor podrá usar los índices de relación contenidos en las tablas anexas a la ley 23.079. “Esto es: para todas las vaquillonas, el correspondiente a vaquillona de uno a dos años y para todos los novillos, el de novillo de uno a dos años, de acuerdo con la categoría de que se trate”, puntualizó.

La cartera nacional remarcó que “este cambio en la modalidad de valuación reduce la carga tributaria por la mera tenencia - mientras se engorda el animal -, disminuyendo la valuación con respecto a los valores de plaza, generando un diferimiento del gravamen al momento de la venta efectiva del animal gordo”.

Últimamente se hicieron “normales” los reclamos por vandalismo rural en diferentes sectores del país. Ante estos sucesos, el diputado nacional Martín Ardohain, junto a diferentes legisladores, presentó un proyecto de ley para castigar hasta con ocho años de prisión a las personas que ejerzan cualquier tipo de daños rurales.

La propuesta comenzó a generar repercusión dentro del sector agropecuario, donde distintas entidades vienen reclamando desde hace años mayores herramientas judiciales frente al crecimiento de delitos en el campo.

Según explicaron los impulsores del proyecto, el objetivo es “restablecer el imperio de la ley” y proteger inversiones productivas consideradas estratégicas para la economía argentina.

Según argumentan los impulsores de la iniciativa, “el campo argentino enfrenta actualmente modalidades delictivas que muchas veces no encuentran una respuesta adecuada dentro de la legislación vigente, dejando al productor en una situación de gran vulnerabilidad”.

En los fundamentos del proyecto también se advierte que hechos como la rotura de silobolsas o los daños sobre infraestructura tecnológica rural continúan siendo abordados con herramientas legales “desactualizadas”, motivo por el cual consideran necesario modernizar el marco penal.

En ese sentido, sostienen que la propuesta apunta a “actualizar las normas para brindar una respuesta integral, moderna y efectiva frente a delitos que impactan de manera directa sobre la economía y el entramado social del país”.