La ganadería es una de las principales actividades productivas de Corrientes. Con un rodeo estimado en unos 5 millones de cabezas, la provincia cumple un rol central como zona de cría, cuyos terneros y novillos se distribuyen luego a distintos puntos del país para su engorde y faena. Esa producción se desarrolla, en gran parte, en campos de condiciones complejas, especialmente en áreas de malezales y zonas bajas cercanas a ríos y esteros, donde el control cotidiano de la hacienda resulta limitado.

En el este correntino, particularmente en el departamento San Martín y localidades vecinas como La Cruz, Alvear, Paso de los Libres y Santo Tomé, esas características productivas se convirtieron en el telón de fondo de una problemática creciente, como el avance del abigeato y de modalidades delictivas más complejas que, según denuncian los productores, se consolidaron tras los incendios rurales de 2022.

Ganaderos de la zona señalan que la inseguridad rural dejó de manifestarse únicamente en hechos aislados para transformarse en un fenómeno persistente. En ese contexto, una de las situaciones más graves quedó expuesta recientemente a partir de un caso ocurrido en La Cruz, que tuvo como damnificado al productor Javier Azpiroz.

El ministro de la Producción de Chaco, Oscar Pablo Dudik, implementó una política de “tolerancia cero” frente al uso de herbicidas prohibidos en el territorio chaqueño y anunció que no dudará en aplicar sanciones severas a los infractores.

Entre las sanciones se incluyen multas económicas por un valor de hasta 10.000 litros de gasoil, secuestro de maquinaria y equipos y hasta la clausura del establecimiento.

Asimismo, anunció que se intensificarán los operativos de vigilancia y fiscalización en todo el territorio provincial con el objetivo de garantizar que la actividad agrícola se desarrolle dentro de los parámetros legales.

“El compromiso del Estado es claro: controlar, identificar y sancionar a quienes utilicen productos prohibidos o realicen aplicaciones indebidas”, señaló Dudik, y agregó que estas acciones buscan resguardar el futuro productivo del Chaco y promover una actividad agrícola sostenible.

El funcionario también se quejó sobre el uso excesivo de herbicidas, entre ellos algunos prohibidos en determinadas épocas del año –como los hormonales–, que está generando malezas resistentes a múltiples principios activos.

El presidente del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM), Rodrigo Correa, se reunió este martes con unos pocos representantes de las asociaciones de productores y un cooperativista. Los referentes se mostraron conciliadores, pero advirtieron que, si los precios no mejoran en un lapso de tiempo razonable, podrían volver a marchar con sus tractores a Posadas, tal como sucedió entre 2001 y 2002.

Los yerbateros desembarcaron con un petitorio de siete puntos. En esa nota reclaman un trabajo conjunto de toda la cadena productiva, mejorar los precios, devolverle las facultades que el Gobierno Nacional le podó al Instituto, mantener el Convenio de Corresponsabilidad Gremial (pago de aportes contra entrega de la producción), mantener los controles de calidad, que se siga registrando a los productores yerbateros y continuar con el pago de becas estudiantiles.

Los productores que llegaron hasta la sede del INYM, en el microcentro de Posadas, calificaron de “amena” la reunión con Correa, pero también marcaron la necesidad de recuperar rentabilidad, tras más de dos años de percibir por la materia prima valores que están por debajo del costo de producción. La última zafra cerró con precios por debajo de los 300 pesos por kilo de hoja verde puesta en el secadero, muy por debajo del costo de producción que se calculó en 430 pesos sin tener en cuenta el margen de rentabilidad.