Cuando el secretario de Agricultura, Sergio Iraeta, pidió semanas atrás que el público aplaudiera al gobierno y que el campo le pusiera “flow” a este presente, volvió a demostrar, una vez más, que hay cierta miopía en el gobierno respecto de las necesidades del sector. Aquellas que exceden a las rebajas de retenciones, que igualmente no dejan de ser muy deseables y dignas de aplaudir.

El diagnóstico que hacen desde Bases Federadas es que hay “luchas quijotescas” que vale la pena dar, aún cuando no entren en la mesa chica. Porque son los reclamos, aseguran, de los pequeños y medianos productores, un segmento en crisis.

En un comunicado publicado las últimas horas, la entidad se refiere a la “entrega del país” por parte del gobierno y responsabilizan directamente al “silencio de la dirigencia agraria nacional” en temas muy sensibles para la producción -como semillas, tierras o agua-. Ante tamaños señalamientos, era necesaria una entrevista con el presidente de la entidad, Omar Príncipe, quien fuera también presidente de la Federación Agraria hace más de una década pero consideró emigrar y fundar otra entidad.

“La Mesa de Enlace no representa los intereses de todo el sector productivo, especialmente de los pequeños y medianos chacareros. Y la falta de políticas públicas es la causa de nuestra desaparición”, evaluó el dirigente.

Y es que, más allá de la agenda, desde Bases Federadas insisten en que el problema es anterior, es la invisibilización de ese segmento y la despersonalización del sector. “Se habla del campo y de producción, pero no se habla de productores, agricultores y chacareros”, lamentó Príncipe, que considera que no es fortuito, sino la condición necesaria para avanzar hacia un proceso de concentración.

El Gobierno derogó hoy una normativa de hace 25 años que establecía un mecanismo especial de intervención de organismos vinculados con agricultura en la definición de criterios de patentabilidad para materia viva y sustancias naturales. La medida, oficializada este jueves mediante la Resolución Conjunta 1/2026 de las Secretarías de Agricultura y de Industria, fue vista por fuentes oficiales y del sector privado como un paso previo a una futura revisión de restricciones que afectan la protección de desarrollos biotecnológicos. Se espera que en los próximos días se publique la derogación de una normativa considerada clave por el sector biotecnológico porque establece criterios de evaluación que limitan actualmente la protección de determinadas innovaciones.

La norma actual eliminó la Resolución Conjunta 99/2001 y 810/2001, que había creado un Grupo de Trabajo Permanente en Propiedad Intelectual integrado por representantes del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI), el Instituto Nacional de Semillas (Inase), el Senasa, el INTA y otras áreas del Estado. Además, establecía que cualquier modificación vinculada con la patentabilidad de materia viva y sustancias naturales debía contar con la conformidad de la Secretaría de Agricultura.

Según argumentó el Gobierno en los considerandos de la medida conocida hoy, ese esquema había introducido “rigideces” y una instancia adicional de validación administrativa que dificultaba la actualización de los criterios técnicos de patentabilidad en función de los avances científicos, tecnológicos y jurídicos.

“La introducción de una instancia adicional de validación administrativa, ajena al organismo técnico competente, contribuyó a tornar más complejo y burocrático el proceso de definición y actualización de los criterios de patentabilidad”, señala la resolución.

El Gobierno de Santa Fe, a través del Ministerio de Desarrollo Productivo, presentó formalmente ante la Secretaría de Transporte de la Nación una serie de propuestas técnico-estratégicas vinculadas al proceso de privatización, concesión y apertura operativa del sistema ferroviario nacional de cargas.

Según informó la gobernación santafesina, la iniciativa fue elevada por el ministro Gustavo Puccini al secretario de Transporte, Mariano Plencovich.

“La presentación surge a partir del Decreto Nº 67/2025 y de la Resolución Nº 1049/2025, mediante los cuales el Poder Ejecutivo nacional dispuso la reconfiguración de las líneas ferroviarias Belgrano, San Martín y Urquiza en un plazo de 12 meses”, indicaron desde la administración que encabeza Maximiliano Pullaro.

Y ampliaron que el fundamento de su planteo es la necesidad de fortalecer los trenes de cargas en Argentina.

Santa Fe parte de la base de que, actualmente, de los cerca de 450 millones de toneladas que se movilizan anualmente en el país, apenas 18,8 millones se transportan por tren. El resto depende del transporte por ruta, una situación que incrementa los costos logísticos y reduce la competitividad.

En ese contexto, Santa Fe destacó su papel estratégico en el comercio exterior nacional. A través de su complejo portuario sobre el río Paraná se procesa y despacha el 80 % de los granos, aceites y subproductos exportados por Argentina, mientras que desde sus terminales sale el 28 % de las exportaciones totales del país.