La campaña triguera 2026/27 muestra perspectivas más alentadoras para los productores cordobeses que trabajan sobre campos propios. Según un informe de la Bolsa de Cereales de Córdoba (BCCBA), los rindes promedio –30 quintales por hectárea– permitirían obtener resultados positivos en gran parte de la provincia, con un margen bruto promedio de U$S 45 por hectárea.

Sin embargo, la situación cambia cuando se incorporan los costos de arrendamiento. En ese escenario, incluso con rendimientos considerados normales para cada región, los márgenes pasan a ser negativos en todos los departamentos de la provincia, reflejando la presión que continúa ejerciendo el valor de los alquileres sobre la rentabilidad agrícola.

El informe destaca la posibilidad de ganancias que tienen los productores con una producción de rindes promedio. En total, promediando todos los departamentos productores de la provincia se obtendría ganancias de U$S 45 por hectárea en campos propios.

En el global, ocho departamentos son los que terminarían en números negativos, siendo el más destacado el departamento de Calamuchita que, con un rinde promedio de 19,4, estaría perdiendo U$S 134 por hectárea.

Ahora, cuando analizamos los valores que dejan los rindes promedio cuando hay que arrendar, el panorama se vuelve alarmante. Promediando todos los departamentos nos topamos con que la provincia pierde U$S 85 por hectárea.

En este contexto, el departamento que sigue perdiendo por goleada es Calamuchita, con pérdidas por alrededor de U$S 245 por hectárea.

Mientras el Gobierno define los últimos detalles del pliego para privatizar el Belgrano Cargas, grandes jugadores del comercio de granos ya comenzaron a posicionarse para disputar uno de los negocios logísticos más importantes del país. Un consorcio integrado por Bunge, Cargill, la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA), Aceitera General Deheza (AGD) y Louis Dreyfus Company (LDC) quiere competir por la concesión de la principal red ferroviaria de cargas de la Argentina, aunque no será el único interesado. También aparecen en escena la mexicana Ferromex y empresas argentinas vinculadas a la infraestructura ferroviaria, como Grupo Roggio. La concesión es por 50 años.

Según pudo saber LA NACION, los pliegos ya atraviesan su etapa final de revisión en Legal y Técnica del Ministerio de Economía y solo restaría la firma del ministro Luis Caputo para su publicación en el Boletín Oficial. Desde ese momento comenzará a correr un plazo cercano a los 90 días para la presentación de ofertas, con la intención oficial de definir los adjudicatarios antes de fin de año.

La licitación marcará un cambio profundo respecto de las concesiones ferroviarias de los años 90. El Gobierno dividirá el negocio en tres procesos independientes: la administración de las vías, los talleres y el material rodante. Además, implementará plenamente el sistema de open access [acceso abierto], que permitirá que distintos operadores utilicen una misma red ferroviaria mediante el pago de un canon.

El nuevo esquema abre la posibilidad de que una empresa administre la infraestructura y otra opere los trenes, o que un mismo grupo reúna ambas actividades si logra imponerse en las distintas licitaciones.

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, firmó este jueves junto a sus pares de Chaco, Leandro Zdero, y de Santiago del Estero, Elías Suárez, un convenio marco para fortalecer la implementación y el seguimiento del Plan Director de la región hídrica de los Bajos Submeridionales.

El acuerdo, rubricado también por el Consejo Federal de Inversiones (CFI), a través de su secretario general, Ignacio Lamothe, busca reforzar la coordinación entre las tres provincias para anticiparse a los posibles impactos de un fenómeno climático extremo conocido como el Súper Niño, cuya llegada podría producirse durante el último trimestre de 2026, según distintos modelos meteorológicos internacionales.

Durante el encuentro, realizado en la Casa de Gobierno de Chaco, en Resistencia, Pullaro destacó que los Bajos Submeridionales abarcan “entre ocho y nueve millones de hectáreas fundamentales para mejorar la productividad, pero también la calidad de vida de quienes habitan esta región”, y valoró que “lo más importante es que existe un plan articulado entre las tres provincias y el CFI. Esa continuidad lo convierte en una verdadera política de Estado”.

En ese marco, sostuvo que uno de los principales desafíos es el financiamiento de las obras de gran escala. “Estamos trabajando en un programa que nos permitirá recuperar territorio y, al mismo tiempo, anticiparnos a muchas de las crisis que pueden presentarse”, afirmó en referencia al posible escenario climático.

El gobernador santafesino remarcó que el cambio climático obliga a combinar políticas estructurales con acciones preventivas de corto plazo.

Mientras el acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea vuelve a instalarse en la agenda pública y productiva, desde Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) salieron a fijar posición sobre cuáles deberían ser las condiciones para que esa apertura comercial se traduzca efectivamente en mayores oportunidades para el agro argentino.

El encargado de hacerlo fue el presidente de la entidad, Carlos Castagnani, durante la jornada “Del campo a la industria, agregar valor frente al acuerdo UE-Mercosur”, organizada por Carsfe en la ciudad de Santa Fe.

Allí, el dirigente rural sostuvo que la entidad acompaña los procesos de apertura comercial y la búsqueda de nuevos mercados para los productos argentinos, al considerar que pueden convertirse en una oportunidad para las economías regionales, la agroindustria y las exportaciones.

“Argentina necesita producir más, exportar más y generar más valor agregado. El acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea puede representar una oportunidad importante para nuestro país, siempre que se garantice una competencia justa y condiciones equilibradas para nuestros productores”, señaló Castagnani.

Según planteó el presidente de CRA, los productores argentinos han demostrado durante años capacidad para competir internacionalmente mediante inversiones en tecnología, genética, innovación y mejoras productivas.

Probablemente esta sea la primera vez que Bichos de Campo entreviste a un community manager. Pero en Agroactiva 2026, la historia de Traxor no la cuenta un ingeniero ni un director industrial, sino Maximiliano Fernández, responsable de marketing digital de la marca. La paradoja es que detrás de estos tractores que irrumpieron en el mercado con más de cien unidades vendidas en menos de un año, hay una historia que mezcla intuición comercial, viajes a China, barreras idiomáticas, ingeniería aplicada y una lectura muy precisa del productor argentino.

Traxor como marca nació hace apenas dos años, cuando Medio Maquinarias —una empresa con más de 25 años en el rubro— comercializaba otra marca china. Con esa experiencia acumulada, el equipo técnico empezó a sugerir mejoras para adaptar aquellos equipos al uso local. “Sugerimos algunos cambios para mejorar el producto, adaptarlo más al suelo argentino, al mercado argentino”, recuerda Fernández. Pero la respuesta del proveedor fue tajante: “Nos dijeron ‘nosotros fabricamos este; si no te gusta, listo’. Y ahí dijimos: ¿qué tan difícil será traer un tractor de China con nuestras especificaciones?”.

La pregunta, que parecía retórica, terminó abriendo un camino inesperado. La empresa comenzó a buscar alternativas y encontró una ensambladora china dispuesta a trabajar con especificaciones propias. No una fábrica tradicional, sino una planta capaz de armar un tractor combinando componentes de distintos proveedores, bajo un diseño definido desde Argentina. “Conseguimos una ensambladora que podía armarnos básicamente el producto que nosotros queríamos”, explica.

Este jueves, y tras 4 meses de juicio, el Tribunal Oral Federal N°2 de Rosario se pronunció finalmente sobre el caso de contaminación por agroquímicos de Pergamino. Lo que a todas luces fue un juicio histórico, por la magnitud de las acusaciones, lo grave de las denuncias y el lugar donde todo ocurrió, terminó con una decisión que sin dudas sentará precedente en futuros procesos.

Finalmente, los jueces decidieron absolver de toda culpa y cargo a los 5 productores, el ingeniero agrónomo y el pulverizador acusados, para quienes la fiscalía había pedido penas de prisión, inhabilitaciones, multas y decomiso de campos y maquinaria.

La única sentencia que quedó firme, por el contrario, fue para los funcionarios que estaban encargados, durante los 10 años que se imputan los hechos, de llevar adelante las tareas de control. Se dictaminó que deberán cumplir con 2 años de prisión condicional y 4 de inhabilitación.

Lo particular de este caso fue, desde el vamos, la acusación por la cual Fernando Cortese, Víctor Tiribó, Mario Roces, Carlos y Hugo Sabatini, José Luis Grattone y Cristian Taboada fueron sentados en el banquillo. Fue a partir de denuncias vertidas entre 2011 y 2019 que cada uno de ellos fue juzgado por el delito de contaminación ambiental, contemplado en el artículo 55 de la Ley 24.051.

Entre los querellantes estaban algunas de las familias afectadas, que denunciaron lesiones graves de salud, pérdidas de embarazo y presencia de residuos tóxicos en sus casas y campos.

SANTA FE.- La venta de la industria láctea SanCor, con sede en Sunchales, al oeste de esta provincia, podría comenzar a complicarse y hasta quedar en suspenso. El juez que dispuso la quiebra, Marcelo Gelcich, fue denunciado por acreedores que señalan en el escrito presentado ante la Corte Suprema de Justicia santafesina que “se detectaron situaciones de subvaluación de activos de la empresa, falta de transparencia en la gestión de bienes intangibles y la exclusión arbitraria de la sindicatura del expediente digital”.

También se cuestiona la validez de la declaración de quiebra y el rechazo de un plan de salvataje porque fue presentado “15 minutos después” de la sentencia. Hubo, además, otro hecho destacado en esta instancia: uno de los síndicos de la quiebra se rebeló y apuntó contra el juez por supuestamente limitar la labor de la sindicatura.

Lo que actualmente parece tener el propósito de frenar la instancia que debe definir el futuro de la empresa láctea es la denuncia elevada por el denominado “Frente Unificado por la Defensa de SanCor”, compuesto por acreedores entre los cuales se encuentran, productores, trabajadores y extrabajadores, presentada por el estudio de los abogados Aldo Regali y Juan Manuel Bregarlo.

Los profesionales llegaron hasta la Corte con una denuncia contra el juez Marcelo Gelcich, titular del Juzgado de Primera Instancia Civil y Comercial de la ciudad de Rafaela, que entiende en la causa. Los abogados piden que “se investigue el accionar desplegado de dicho magistrado en el expediente de marras, entendiendo que el mismo no ha cumplido con sus funciones que le son propias por parte de la Ley Orgánica del Poder Judicial, Código de rito en materia Civil y Comercial, Ley de Concursos y Quiebras y las que emanan de nuestra Carta Magna provincial”.

El empresario frigorífico entrerriano Emilio Reula, socio gerente del frigorífico La Esperanza de General Ramírez, asumió la presidencia de CICER, la cámara que nuclea a los frigoríficos de Entre Ríos.

La Esperanza es sus inicios faenaba sólo vacunos, pero con los cambios que se dieron en la oferta de hacienda y en el consumo se volcó también a la producción de carne de cerdos. Actualmente, faena entre 1.500 y 1.600 bovinos por mes, y entre 7.500 y 8.000 capones.

Como presidente de CICER, Reula se centró en la situación actual del mercado de carnes. Desde su perspectiva, el negocio atraviesa dos realidades diferentes entre bovinos y porcinos, aunque ambas tienen un denominador común: la capacidad de compra de los consumidores.

“Para nosotros, que hacemos las dos especies, vivimos dos realidades en un mismo contexto”, explicó.

Respecto de la carne vacuna, consideró que los fuertes aumentos registrados entre febrero y marzo tuvieron consecuencias directas sobre el consumo. “A raíz de estas actualizaciones de precios que tuvo sobre febrero y marzo, retrajo más aún todavía el consumo porque el asalariado, que es el mayor consumidor, dejó de consumir lo que venía de carne vacuna y se pasó a las carnes alternativas”.

Sin embargo, Reula sostuvo que esas carnes alternativas ya dejaron de ser consideradas como tales. Para el dirigente, “la explicación es sencilla: la preferencia del consumidor está en la carne vacuna, pero lo que manda es el bolsillo, el poder adquisitivo de la gente”.

Tras una larga y tensa reunión en el Ministerio de Trabajo de Santa Fe, el empresario interesado en comprar Sudamericana de Lácteos, Pablo González, y la Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera (Atilra) llegaron a un principio de acuerdo respecto al formato con el cual se retomaría la actividad en la planta y permitiría destrabar la adquisición de la compañía, que se encuentra inactiva desde principio de año.

El punto de conflicto radica en la aplicación del Artículo 223 bis, que permite la suspensión temporaria del pago de las cargas sociales por tres meses, además de aplicar una reducción salarial transitoria. Para González, este punto es central para cerrar la compra y emprender la reactivación de la fábrica.

No obstante, desde Atilra plantearon sus reparos a los despidos transitorios de parte de la planta de empleados que se iban a llevar a cabo, el monto y forma de pago de las indemnizaciones y, aseguraron que la aplicación de la mencionada normativa derivaba en la suspensión del personal, por lo cual no estaban habilitados legalmente para trabajar.

Estos desacuerdos llevaron a que González no avanzara en la compra y paralizara la operación.

El principio de acuerdo alcanzado hasta el momento establece la puesta en marcha de esta normativa, pero no se llevarían a cabo despidos y se establecería una reducción de entre el 50% y 75% de la jornada laboral, dividiéndola en turnos, comentaron ambas partes a Clarín Rural.

“La ley de biocombustibles debería debatirse como una política agroindustrial y no solo energética”. Con esa definición, Javier Preciado Patiño, consultor de RIA, sintetizó el eje de una exposición en la Bolsa de Cereales de Buenos Aires. Según explicó, el debate en el Congreso por los biocombustibles va mucho más allá del porcentaje de biodiésel que se mezcla con el gasoil. A su entender, también define la capacidad de la Argentina para industrializar la soja, agregar valor, sostener la competitividad frente a Brasil y Estados Unidos y mejorar el precio que recibe el productor.

En esa línea, el presidente de la Cámara de la Industria Aceitera y el Centro de Exportadores de Cereales (Ciara-CEC), Gustavo Idígoras, remarcó que el país necesita una nueva ley porque se atraviesa “una especie de revolución agroindustrial a nivel mundial para hacer bioenergéticos”. “Para eso, ¿cuál es la línea base? Una nueva ley bioenergética”, sostuvo.

Patiño afirmó que “no da lo mismo que haya industria o que no haya industria”. En esa línea, el procesamiento de la soja permite que las fábricas paguen un mejor precio por el grano gracias al valor agregado que generan con el aceite, la harina y los pellets. Idígoras agregó que la industria ofrece al productor una demanda sostenida durante todo el año, independientemente de la calidad del grano. “Al productor la industria le garantiza que compra cualquier calidad de soja y durante todo el año”, señaló.

En ese marco, Patiño presentó un ejemplo con datos del 17 de junio. Ese día el precio FOB de la soja era de US$419 por tonelada, mientras que el productor recibía US$326. Al sumar los derechos de exportación del 24% (US$101), el total ascendía a US$427, es decir, US$8 por encima del valor FOB. “¿Cómo puede ser que el precio que cobra el productor más las retenciones estén por encima del precio de exportación? La respuesta es porque la industria, con el aceite, la harina y los pellets, puede pagar ese valor”, afirmó.