La primera reunión convocada por el Gobierno para buscar consensos en torno a una nueva ley de semillas dejó un acuerdo básico entre los distintos sectores: continuar las negociaciones y trabajar en una propuesta que pueda llegar al Congreso con el mayor respaldo posible de toda la cadena. Si bien no hubo avances concretos sobre el contenido de la futura reforma, esperan que más adelante todos los puntos que hoy los distancian puedan ser unificados.

Del encuentro participaron representantes de la Mesa de Enlace, la Asociación Argentina de Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola (Aacrea), la Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa (Aapresid), la Asociación de Semilleros Argentinos (ASA), la Cámara Argentina de Semilleros Multiplicadores (Casem), empresarios del sector semillero, funcionarios de la Secretaría de Agricultura, del Instituto Nacional de Semillas (Inase) y de la Secretaría de Desregulación. En total, asistieron unas 25 personas.

Según confiaron a LA NACION fuentes que participaron de la reunión, el intercambio fue “productivo” y permitió que todos los sectores expresaran sus posiciones. Mencionaron que existe coincidencia en que la propiedad intelectual debe ser respetada y reconocida económicamente. Las diferencias aparecen en los mecanismos para implementarla, los plazos y las condiciones bajo las cuales se realizaría ese reconocimiento.

En ese sentido, desde el Gobierno señalaron que el objetivo es alcanzar consensos que permitan impulsar la producción, facilitar la incorporación de nuevas tecnologías y dar previsibilidad a toda la cadena. También indicaron que habrá nuevas reuniones en las próximas semanas, aunque la fecha todavía no está definida por la agenda mundialista.

“Hay consenso para seguir trabajando y encontrar una solución posible a la problemática de las autógamas. Vamos a colaborar entre todos y, esta vez, lo vamos a conseguir”, confió una fuente oficial.

El complejo girasolero continúa marcando el rumbo de las exportaciones agroindustriales argentinas con un desempeño y resultados récords, gracias a una cosecha histórica y un mercado internacional muy demandante.

Tal es así que la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca informó hoy que las “exportaciones del complejo girasolero alcanzaron la mayor performance dos décadas en el período enero-abril”.

Según los datos de la cartera nacional, los embarques crecieron 169% interanual en volumen hasta los 2,2 millones de toneladas en el primer cuatrimestre, mientras que en valor el salto fue del 60% hasta los US$ 1.328 millones.

“El complejo incluye aceites, semillas y subproductos. En este marco se destaca el crecimiento del aceite 69% en volumen y 98% en valor, de la semilla con 1.366% y 1.113 % en valor y de los residuos con un incremento del 73% en volumen y del 43% en valor”, detallaron desde Agricultura.

Asimismo, puntualizaron que Argentina exporta en la actualidad productos de este complejo oleaginoso a unos 30 destinos, entre los que se destacan la India, Bulgaria, Turquía, Chile, Países Bajos, Egipto, España, Estados Unidos, entre otros.

La Secretaría explicó que “las ventas exteriores se vieron impulsadas por la producción histórica nacional, la fuerte demanda internacional y el crecimiento que experimenta el complejo exportador argentino, consolidando al girasol como uno de las principales producciones de cara a los mercados externos en los primeros meses del año”.

Por Héctor Tristán.

Un planteo contra el Código de Operaciones de Traslado (COT) bonaerense reabre una discusión sensible: hasta dónde pueden llegar los controles provinciales sin afectar la libre circulación de bienes. El caso puede tener impacto directo en productores, transportistas, acopios, proveedores y empresas que mueven mercadería entre jurisdicciones.

En la Argentina, mover bienes nunca es un acto simple. Un camión que sale de una provincia y entra en otra no solo transporta bienes: también atraviesa normas nacionales, controles provinciales, exigencias documentales, sistemas informáticos, plazos, códigos, fiscalizaciones y, muchas veces, interpretaciones distintas sobre una misma operación.

Para un productor agropecuario, un transportista, un acopio, una empresa de insumos o un proveedor del interior, esto no es una abstracción jurídica. Es parte de la vida cotidiana. El país productivo funciona sobre ruedas: granos, hacienda, fertilizantes, repuestos, maquinarias, alimentos, combustibles y bienes de capital circulan todos los días entre campos, plantas, depósitos, puertos, industrias y centros de consumo.

Por eso, cada nuevo requisito formal puede parecer menor en el papel, pero enorme en la práctica. Un código omitido, una carga informática mal hecha o una interpretación provincial diferente pueden derivar en multas, demoras, decomisos o incluso clausuras. Allí aparece el debate de fondo: ¿hasta dónde puede llegar el poder de fiscalización de una provincia sin convertirse en una barrera para el comercio entre jurisdicciones?

Aunque la campaña maicera 2025/26 se acerca a su final y gran parte de los lotes ya transitan etapas avanzadas o incluso fueron cosechados, la chicharrita del maíz continúa mostrando una fuerte presencia en amplias regiones productivas del país. Así lo revela el 43° informe de la Red Nacional de Monitoreo de Dalbulus maidis, correspondiente al período comprendido entre el 17 y el 31 de mayo de 2026.

Los datos vuelven a mostrar un comportamiento heterogéneo del insecto vector del complejo de enfermedades asociadas al achaparramiento del maíz. Mientras que el NOA, el NEA y la región Centro-Norte registran los mayores niveles de abundancia, en el Centro-Sur y el Litoral la dinámica poblacional se mantiene relativamente estable.

Para los especialistas, el escenario actual confirma que la vigilancia no debe relajarse pese al avance de la cosecha.

“Este escenario refuerza la importancia de sostener el monitoreo de adultos de Dalbulus maidis durante todo el año, aun cuando gran parte de los maíces tardíos se encuentren en estadios reproductivos avanzados o hayan sido cosechados”, señaló Alejandro Vera, coordinador de la Red Nacional de Monitoreo.

Según explicó el técnico, el seguimiento permanente de las poblaciones permite detectar tempranamente cambios en la dinámica regional del insecto y anticipar posibles incrementos del riesgo sanitario para la próxima campaña.

El costo del transporte de granos ya representa hasta un 30% del valor de algunos cultivos en el norte santafesino y se consolida como uno de los principales factores que condicionan la rentabilidad del agro. Así lo advierte un informe elaborado por el Centro de Estudios y Servicios de la Bolsa de Comercio de Santa Fe (CES-BCSF), que pone el foco en el fuerte impacto de la logística sobre la competitividad de los productores alejados de los puertos del Gran Rosario.

La situación golpea especialmente a cultivos de gran volumen y menor valor relativo, como el maíz y el sorgo. En departamentos como 9 de Julio, Vera y General Obligado, el costo de trasladar la producción hasta los puertos llega a representar entre el 27% y el 32% del valor bruto de esos granos. En el caso del maíz, por ejemplo, la incidencia alcanza el 31,7% en 9 de Julio y General Obligado, mientras que en sorgo ronda el 30,8%.

El informe señala que la distancia a los nodos exportadores se transformó en un factor determinante de la rentabilidad agropecuaria. Mientras los departamentos del norte provincial cargan con costos logísticos que absorben entre el 18% y el 22% del valor total de la producción, en zonas más cercanas al Gran Rosario, como La Capital o San Jerónimo, esa incidencia cae al 10% y 7,6%, respectivamente.

La explicación está en la estructura logística argentina, altamente dependiente del transporte automotor. Actualmente, el 93% de las cargas interurbanas del país se moviliza en camión, mientras que el ferrocarril y el transporte fluvial tienen una participación marginal. Esa matriz contrasta con la de Brasil, donde existe una mayor integración ferroviaria y fluvial que permite abaratar costos y ganar competitividad.

Con una reposición de nutrientes que se ubica entre las más bajas del mundo y una brecha productiva que, según estimaciones técnicas, podría representar hasta 45 millones de toneladas adicionales de granos, especialistas del sector agropecuario respaldaron en la Cámara de Diputados un proyecto de ley para otorgar incentivos fiscales a la compra de fertilizantes. La iniciativa, del diputado nacional Martín Ardohain (PRO), busca que los productores puedan deducir un 30% adicional de esas inversiones en el Impuesto a las Ganancias: sus impulsores sostienen que la medida tendría un costo fiscal neutro gracias al aumento de la producción y de la recaudación asociada.

La propuesta fue analizada en la Comisión de Agricultura y Ganadería de la Cámara baja, donde representantes de Fertilizar Asociación Civil y de la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina (Fada) expusieron sobre el estado de los suelos argentinos y defendieron la necesidad de impulsar medidas que promuevan una mayor reposición de nutrientes.

El proyecto llega en un contexto de creciente preocupación por el deterioro de la fertilidad de los suelos. María Fernanda González Sanjuan, directora ejecutiva de Fertilizar Asociación Civil, advirtió que la Argentina repone apenas entre el 32% y el 37% de los nutrientes que los cultivos extraen cada campaña, una de las tasas más bajas entre los principales países productores de granos del mundo. “La Argentina es uno de los países productores de granos con menor tasa de reposición”, afirmó. Al presentar comparaciones internacionales, sostuvo que el país se encuentra entre los más rezagados en esta materia. “Somos los peores en reposición”, remarcó.

Como contraste mencionó el caso de Brasil. Allí no solo se reponen los nutrientes que se extraen con cada cosecha, sino que además se realizan aportes adicionales para fortalecer la fertilidad de los suelos a largo plazo. “Brasil tiene claro que hoy produce alimentos, mañana quiere producir alimentos y dentro de 30 años quiere seguir siendo un gran productor de alimentos”, señaló.

La crisis que atraviesa Granja Tres Arroyos (GTA) quedó nuevamente en evidencia tras las reuniones realizadas en Paraná entre la empresa, los sindicatos y el gobierno de Entre Ríos para intentar destrabar el conflicto que derivó en el cierre de la planta La China, en Concepción del Uruguay. Según dijeron los participantes, no hubo avances concretos y las posiciones continúan alejadas. Por eso, hoy el Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación (STIA) se reúne en carácter de urgente en Buenos Aires a fin de intentar un nuevo acercamiento “en defensa de salarios y preservación de puestos de trabajo”.

En detalle, la audiencia de ayer por la tarde entre la compañía y los representantes gremiales concluyó sin acuerdo y las partes resolvieron pasar a un cuarto intermedio, mientras crece la incertidumbre entre trabajadores, productores integrados y proveedores.

En paralelo, Granja Tres Arroyos intenta avanzar en una compleja reestructuración financiera de pasivos por alrededor de US$350 millones, proceso que lleva adelante junto con la consultora Valo Columbus. Según acreedores consultados, la propuesta contempla quitas de hasta el 75% y plazos de pago de hasta siete años. Ayer LA NACION contó ese proceso.

Mientras la empresa busca una salida financiera, el panorama laboral sigue sin despejarse. Los dirigentes sindicales que participaron de las reuniones regresaron de Paraná están preocupados. Solo se acordó asistencia alimentaria para los trabajadores, implementación de subsidios personales de $25.000 semanales y el acceso a una tarifa social de energía eléctrica para los empleados afectados por la situación de la planta.

El anuncio de una inversión de 400 millones de dólares de Louis Dreyfus Company (LDC) para construir una nueva planta de procesamiento de girasol y soja en Bahía Blanca, es una noticia de alto impacto, mucho más que una noticia empresarial. Es una señal potente sobre el momento que atraviesa la Argentina y sobre el lugar que puede volver a ocupar en el mapa mundial de la agroindustria. Y encima, en un lugar emblemático, que sintetiza el ensamble entre la Vaca Viva y la Vaca Muerta.

Recuerdo haber estado en la inauguración del puerto de LDC en Bahía Blanca, hace unos veinte años. Allí, los directivos deslizaron que la intención era construir una planta de crushing. Pero se ve que el país no había generado las condiciones necesarias para desencadenar el proceso…

La nueva planta, que se integrará al complejo portuario y logístico que LDC ya posee en Bahía Blanca, tendrá capacidad para procesar 4.000 toneladas diarias de girasol o soja. Cuando entre en funcionamiento estará entre las mayores plantas de crushing de girasol del mundo y operará utilizando biomasa renovable proveniente de las propias cáscaras de girasol, reduciendo costos energéticos y las emisiones.

Tremendo: en la convergencia del gasoducto, el mensaje subraya la supremacía conceptual de la bioenergía. Que al gas lo usen como insumo de la petroquímica y no lo quemen como fuente de energía.

Nadie desembolsa 400 millones de dólares para aprovechar una oportunidad pasajera. Es una apuesta a la competitividad futura de la Argentina. El dato concreto es la gran cosecha de girasol del último año, basada en la genética y el manejo. Y la consolidación de la demanda asiática, en particular la India, una aspiradora de aceite vegetal y en particular de girasol.

La Unión Europea (UE) oficializó en las últimas horas la exclusión de Brasil de la lista de proveedores de carnes y miel por no haber entregado la información solicitada sobre la utilización de antimicrobianos en la producción ganadera.

De esta manera, el bloque europeo, a pesar del acuerdo de libre comercio firmado con el Mercosur, decidió avanzar con las sanciones hacia el gigante sudamericano, lo que podría implicarle un golpe de US$ 1.800 millones al país vecino.

Lo hizo a través del Reglamento de Ejecución 2026/1189, publicado a finales de la semana pasada, en el cual se derogan y modifican algunas normativas anteriores, entre ellas, cuáles son los países habilitados para exportar al bloque que no utilizan “determinados medicamentos antimicrobianos”.

El texto publicado detalló que “Brasil figura actualmente con una «X» para los bovinos, los equinos, las aves de corral, la acuicultura, la miel y las tripas. Sin embargo, la Comisión no ha recibido información que garantice que Brasil aplicó las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento para el 3 de septiembre de 2026 de los requisitos establecidos en el artículo 3 del Reglamento Delegado (UE) 2023/905 para estas categorías. Procede, por tanto, suprimir la marca «X» para los bovinos, los equinos, las aves de corral, la acuicultura, la miel y las tripas del anexo en el presente Reglamento”.

De esta manera, el bloque europeo ratificó el borrador que dio a conocer a mediados de mayo y afectará un negocio que representa US$ 1.800 millones para Brasil de no poder modificar esta decisión.

Prácticamente, no hay ninguna voz dentro de la cadena de las carnes en Argentina que no diga que el negocio atraviesa uno de los vientos de cola más importantes de la historia para nuestro país.

Una demanda incesante, con una oferta no tan grande, ha llevado a que los precios que pagan los principales países importadores se disparen, al punto que recientemente alcanzaron un récord de casi U$S 7.000 la tonelada para los cortes vendidos desde Argentina.

En esa línea se inscribe la opinión de Georges Breitschmitt, presidente del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA).

Recientemente llegado de China, donde el IPCVA acompañó a frigoríficos locales a consolidar negocios con el gigante asiático -principal cliente de la carne argentina-, Breitschmitt compartió con Infocampo una visión optimista sobre el presente y el futuro de la ganadería argentina.

Según el directivo, la actividad atraviesa una etapa de crecimiento que debe ser capitalizada con políticas de incentivo a la producción.

En este contexto, adelantó que el IPCVA tiene el foco puesto en la apertura de los mercados de Japón e Indonesia, y la consolidación de Estados Unidos, que está teniendo un “crecimiento impresionante”, de la mano del acuerdo de libre comercio firmado por la Casa Blanca con la Casa Rosada.