El fenómeno de El Niño vuelve a ubicarse en el centro de la escena para el sector agropecuario. Después de varios años marcados por la sequía y una prolongada sucesión de eventos La Niña, las proyecciones climáticas anticipan un escenario mucho más favorable para la campaña gruesa. Sin embargo, este año aparece un factor que suma incertidumbre: la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA) modificó los índices con los que monitorea el calentamiento del océano Pacífico, lo que dificulta comparar la intensidad del evento con registros históricos.

El consultor de la Guía Estratégica para el Agro (GEA) de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), Alfredo Elorriaga, explicó que el cambio metodológico impide expresar con precisión cuánto podría calentarse el Pacífico durante este evento. "De alguna forma rompieron el metro", graficó, al señalar que los nuevos indicadores aún no cuentan con referencias históricas que permitan establecer comparaciones consistentes.

En el informe elaborado por el analista Cristian Russo, de la Bolsa de Comercio de Rosario, hasta este año, la NOAA utilizaba el Índice Oceánico Niño (ONI), que sintetizaba el comportamiento térmico de una zona específica del Pacífico ecuatorial. Desde febrero comenzó a reemplazarlo por un nuevo indicador (RONI), que amplía el área de medición e incorpora variables vinculadas al cambio climático y a las corrientes oceánicas.

Según Elorriaga, estos cambios hacen que los valores actualmente difundidos no puedan compararse con los registrados en eventos anteriores. "Habrá que esperar a que termine el fenómeno para saber si estos nuevos índices reflejan correctamente la intensidad real del evento", señaló.

Tras una audiencia realizada el lunes 1 de julio, la Secretaría de Trabajo de Córdoba formalizó la apertura del Procedimiento Preventivo de Crisis (PPC) de la fábrica de maquinaria agrícola Metalfor.

La herramienta prevista en la ley nacional de empleo busca ordenar la negociación entre la empresa y los trabajadores frente a una situación económica crítica.

La medida fue acordada durante una audiencia realizada en el Ministerio de Trabajo provincial de la que participaron la empresa y el sindicato (la Unión Obrera Metalúrgica) y alcanza –según el sindicato– a unos 160 trabajadores de las plantas que la compañía posee en Marcos Juárez y Noetinger.

Desde la UOM de Bell Ville, que representa a los empleados, aseguraron que el principal objetivo es preservar las fuentes laborales y evitar que el deterioro financiero de la empresa derive en despidos masivos o suspensiones fuera de los mecanismos previstos por la legislación.

El secretario general del gremio, Francisco Argüello, explicó que durante el procedimiento se estableció un "status quo", por el cual Metalfor no podrá adoptar medidas unilaterales que impliquen cesantías o suspensiones mientras dure la negociación.

"La prioridad es que la empresa siga funcionando y que no haya heridos en el camino", resumió el dirigente sindical en diálogo con La Voz.

Vassalli Fabril, la histórica fábrica de cosechadoras de Firmat, anunció su venta y aseguró que volverá a producir. La noticia se conoció a través de un comunicado enviado a todo el personal, firmado por Roberto Santiago Chinelli, quien asumirá como próximo Gerente General.

Chinelli no es un desconocido para la compañía santafesina, puesto ya había ocupado cargos directivos en Vassalli en etapas anteriores de su historia. En el texto remarcó que “la negociación para el traspaso accionario de la compañía ha ingresado en su etapa final” y precisó que “el proceso concluirá formalmente entre el 24 y el 31 de julio del corriente año”.

Hasta ahora la firma era propiedad de la familia Marsó, que había tomado el control de la empresa en 2024 luego de adquirir la totalidad de las acciones que estaban en manos de Esteban Eskenazi. Eduardo Jorge Marsó, titular de la avícola Las Camelias, había asumido entonces la conducción junto a su familia. Sin embargo, ni en el comunicado ni en los contactos posteriores con los representantes gremiales trascendió la identidad de los nuevos inversores que tomarán el control de Vassalli.

Además de anunciar la venta, Chinelli se reunió con el personal de la planta para transmitir sus primeros lineamientos productivos. La idea es poner en marcha un plan de fabricación de 30 cosechadoras para reactivar la actividad industrial, que en los últimos meses había quedado prácticamente paralizada. Para que ese objetivo sea viable, la nueva conducción necesita que los proveedores retomen la entrega de materiales, que se liberen componentes que hoy están retenidos en la Aduana, y presentar un programa concreto para cancelar las deudas salariales que la empresa mantiene con sus trabajadores.

Aunque hoy la Argentina exporta volúmenes muy bajos de fertilizantes, el sector cree que la eliminación de los derechos de exportación para determinados productos puede convertirse en una herramienta relevante si en los próximos años se concretan las inversiones que hoy están en evaluación para ampliar la producción local de urea. La medida, oficializada por el Gobierno, llegó en un momento en que el país todavía depende de importaciones para cubrir buena parte de la demanda interna, pero la industria ya mira un escenario distinto si prosperan proyectos vinculados al desarrollo de Vaca Muerta. La materia prima de la urea, un fertilizante nitrogenado, es el gas.

A través del Decreto 566/2026, publicado anteayer en el Boletín Oficial, el Gobierno dispuso la eliminación o reducción gradual de los derechos de exportación para distintos productos industriales, entre ellos buena parte de la cadena de fertilizantes, aunque con dos velocidades. Los productos de mayor peso comercial quedaron con una eliminación inmediata del derecho de exportación, que pasó a 0%: entre ellos, la urea —el fertilizante más consumido del país—, el UAN (urea-nitrato de amonio), el sulfato de amonio y el nitrato de amonio calcáreo (CAN). En cambio, un grupo más acotado quedó incluido en un cronograma de reducción gradual, como los abonos de origen animal o vegetal, el nitrato de amonio y determinados fertilizantes fosfatados, entre ellos el fosfato monoamónico (MAP).

Para ese segundo grupo, la baja es mensual y escalonada. Los bienes que tributaban 4,5% pasaron a 4,125% el 1° de julio y seguirán descendiendo hasta quedar en 3% en octubre, 1,875% en enero de 2027 y 0% desde junio de ese año. Los que pagaban 3% arrancaron en 2,75% en julio y recorrerán un sendero equivalente —2% en octubre, 1,25% en enero— hasta también eliminarse por completo el 1° de junio de 2027.

Como parte de su estrategia de diversificación, una empresa manisera construirá una nueva planta destinada al procesamiento de maíz y producción de sémolas y harinas a partir de molienda propia.

La inversión es llevada a cabo por la firma Prodeman, ubicada en General Cabrera, y busca fortalecer su presencia en la industria alimentaria y seguir generando valor agregado.

La nueva unidad industrial se construye en la ciudad sede de la empresa, en el departamento Juárez Celman, y en la actualidad transita su segunda etapa de ejecución, que contempla la edificación de silos de acopio y espacios destinados al almacenamiento de producto terminado.

El proyecto contará con una nave de más de 2.000 metros cuadrados, e incorporará maquinaria de última generación y un sistema de procesamiento completamente automatizado, diseñado para garantizar eficiencia operativa, trazabilidad y altos estándares de calidad, asegurando la inocuidad del producto, informaron desde la empresa.

Una vez finalizada, la planta tendrá capacidad para procesar 150 toneladas diarias de maíz, lo que permitirá producir alrededor de 3.000 toneladas mensuales de sémolas y harinas. Además, se prevé la posibilidad de duplicar ese volumen de producción.

Esta inversión responde a una visión de largo plazo enfocada en continuar agregando valor a la producción primaria, ampliar la oferta de alimentos de la compañía y generar nuevas oportunidades de desarrollo industrial. En una próxima etapa, Prodeman proyecta avanzar hacia la elaboración de snacks y otros productos derivados del maíz.

En el marco de la posible adhesión de la Argentina al Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT, por sus siglas en inglés), la discusión es “picante”, sobre todo en materia de semillas y, en parte, esto se abordó durante una jornada organizada por la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en Argentina (AmCham) sobre la propiedad intelectual.

Ya hay opiniones encontradas por la posible adhesión del país a la International Union for the Protection of New Varieties of Plants 91 (o UPOV 91), un convenio internacional que fortalece los derechos de quienes desarrollan nuevas variedades vegetales, como las empresas semilleras, los institutos de investigación, universidades y organismos públicos.

La Argentina hoy está adherida a UPOV 78, una versión más flexible, pero sigue “en el tintero” el cambio hacia un régimen “que busca conferir protección a las variedades vegetales conforme a estándares internacionales”, dijo durante el encuentro Gonzalo Rovira, a cargo del departamento de propiedad intelectual y licencias para América Latina de Bayer. “Si la Argentina fuera miembro de UPOV 91, el INTA también tendría más reconocimiento por la propiedad intelectual sobre sus desarrollos”, agregó el ejecutivo.

Subrayó también la importancia de Embrapa, la empresa Brasileña de Investigación Agropecuaria “que es la hermana del INTA”, dijo. “Brasil es miembro del PCT y puedo asegurar que es impresionante el vínculo (con empresas) que existe para favorecer el uso práctico de las investigaciones. Esto genera créditos para llevar adelante nuevos desarrollos biotecnológicos”, aseguró. De hecho, comentó, la compañía cuenta con una “oficina de vinculación”.

Un proyecto de ley que comenzó a discutirse en la Legislatura de La Pampa desató un fuerte rechazo entre productores, cabañeros y las principales entidades agropecuarias de la provincia. La iniciativa reemplazaría una vieja ley de 1970 y propone crear un Sistema Provincial de Certificación Digital, Trazabilidad Sanitaria y Control de Reproductores Animales, pero desde el sector aseguran que, lejos de modernizar los controles, generará más burocracia, duplicará funciones que hoy cumple el Senasa e incrementará los costos para la actividad.

El malestar fue inmediato. Más de 40 cabañeros y criadores comenzaron a analizar el articulado apenas trascendió el proyecto y coincidieron en que amplía significativamente el alcance de los controles, incorpora nuevas certificaciones y crea una estructura administrativa que consideran innecesaria. La iniciativa fue presentada por legisladores del Frejupa, Comunidad Organizada y un diputado de la Unión Cívica Radical.

Según los fundamentos del proyecto, el objetivo es reemplazar el régimen vigente mediante una plataforma digital única para registrar la trazabilidad sanitaria, reproductiva y documental de los animales, incorporar certificados digitales con código QR, interoperar con los sistemas del Senasa y extender el control a todas las modalidades de comercialización, incluidas las ventas directas y las operaciones realizadas por plataformas digitales. Sus impulsores sostienen que la propuesta busca actualizar un esquema de fiscalización, fortalecer la sanidad y la calidad genética de los rodeos y facilitar el cumplimiento de los estándares que exigen los mercados internacionales.

En Argentina, el pollo dejó de ser una alternativa para convertirse en protagonista. Según datos de la industria, durante 2025 el consumo alcanzó los 49,4 kilos por habitante al año, el nivel más alto de la historia y una cifra que lo ubica prácticamente a la par de la carne vacuna.

En el marco del Día de la Avicultura que se celebró ayer en Argentina, el Centro de Empresas Procesadoras Avícolas (CEPA) junto a la empresa MSD Salud Animal difundieron un reporte que hace foco precisamente en la expansión del consumo avícola.

El documento destaca que, detrás de este crecimiento, hay múltiples factores: su versatilidad en la cocina, su perfil nutricional y una producción cada vez más eficiente que permite ofrecer una proteína de calidad accesible para millones de familias.

El dato no sorprende a quien mira la góndola. En un escenario donde las personas buscan comer rico, sano y barato, el pollo ofrece algo simple y poderoso: nutrición de calidad a un precio accesible. Esa ecuación lo convirtió en la opción que crece, año tras año, en los hogares argentinos.

Más allá del precio, el atractivo del pollo empieza en su perfil nutricional. Es una carne magra y, al mismo tiempo, una fuente concentrada de proteínas: cada 100 gramos aportan alrededor de 22 gramos de proteína de alto valor biológico.

En términos prácticos, una sola porción diaria, equivalente a media pechuga o un muslo mediano, cubre más de la mitad de las proteínas que una persona necesita en el día.

Sancor Seguros, Punta del Agua, Milkaut, Tonadita o Adecoagro son algunos de los 10 nombres de compañías que buscan quedarse con los activos de la firma láctea Sancor, cuya quiebra se declaró el 22 de abril pasado.

Pero también la lista incluye a nombres como Jewell Especialidades S.A, Finanzas y Gestión S.A o Fidulac, cuyo representante es el empresario de medios Gustavo Scaglione.

“Diez empresas adquirieron el pliego de bases y condiciones para la compra de activos en la quiebra de la ex SanCor CUL, según informaron en la causa el síndico, contador público nacional, Ignacio Martín Pacheco Huber, y la co administradora Lucila I. Prono”, destacó el portal Mundo Gremial.

“Se trata del mayor número de interesados registrados en un proceso licitatorio de esta naturaleza en el sector lácteo argentino en los últimos años, y representa una señal concreta de confianza del mercado en el valor de los activos y en la transparencia del proceso judicial”, sumaron en relación a la adquisición de pliegos de bases y condiciones para la licitación.

Pacheco Huber y Prono señalaron al juez Marcelo Gelcich, quien está al frente del proceso judicial a cargo del Juzgado de Primera Instancia de Distrito N° 5 en lo Civil y Comercial, que “se trata de una respuesta del mercado que excede ampliamente las expectativas”.

La Mesa de Productores de Leche de Santa Fe (Meprolsafe) alertó este jueves sobra la delicada situación que atraviesa el sector primario, debido a los precios “insuficientes” que reciben los tamberos y el alto nivel de endeudamiento de los establecimientos.

En un comunicado titulado “Alerta rojo: crujen los tambos”, la entidad que agrupa a los productores de una de las principales provincias lecheras del país sostuvo que, a pesar del crecimiento en la producción y las exportaciones récord, los integrantes de la actividad primaria son “los grandes excluidos de esta bonanza”.

“Se anuncian récords en volúmenes exportados y en el ingreso de divisas, logros que son posibles fundamentalmente gracias al esfuerzo, la inversión y el compromiso del sector productivo. Sin embargo, quienes generan esa riqueza no participan de sus beneficios”, indicó la Meprolsafe.

Según la entidad, “el productor lechero continúa recibiendo un precio que resulta insuficiente para cubrir costos y garantizar la sustentabilidad de la actividad”.

Respecto a este último punto, un reciente informe del Observatorio de la Cadena Láctea Argentina (OCLA) informó que en mayo los tambos registraron rentabilidad positiva por primera vez en siete meses.

El trabajo sostuvo que, teniendo en cuenta el precio promedio recibido por el productor ($ 509,6 por litro) y el costo de producción ($505,7), los tambos promedios registraron un resultado positivo de apenas 0,31%.