En los últimos días comenzó a tomar relevancia nacional la problemática del abigeato en Corrientes, un tema que viene obstaculizando la tarea ganadera en esa región del Litoral. Si bien es un tema de larga data, días atrás recrudeció el tema ya que gracias a un lento accionar de la justicia, las asociaciones de productores correntinos expresaron públicamente el malestar por la inacción ante este asunto.

En concreto, el fiscal Facundo Sotelo tardó más de 30 horas en solicitar una orden de allanamiento contra un camión que transportaba animales faenados sin correspondencia con lo establecido en la documentación electrónica (DTe) que certifica la carga. Por demás de sospechoso, dado que en la zona de La Cruz – donde sucedió el hecho- se suceden hace rato este tipo de operaciones clandestinas.

Gracias a este accionar, no se pudo determinar exactamente la cantidad de animales posiblemente faenados de forma ilegal, lo que enardeció a los ruralistas, que solicitaron reuniones y respuestas urgentes de las autoridades tanto legislativas como gubernamentales.

Este suceso obligó a Juan Pablo Valdés, gobernador de Corrientes, a tomar cartas en el asunto y escuchar en boca de los propios ruralistas lo que sucede hace tiempo y recrudeció en las últimas horas.

SANTA FE.- La empresa láctea SanCor, con sede en Sunchales, al oeste de esta provincia, intenta sobrevivir a pesar de la crisis financiera que enfrenta y su elevada deuda, incorporada al concurso de acreedores.

Pero los problemas siguen: en los últimos días de la semana pasada, dos expresidentes de la firma, José Pablo Gastaldi y Alberto Eduardo Sánchez, quienes estuvieron al frente de la cooperativa entre 2020 y 2024, fueron procesados por la apropiación indebida de más de 1600 millones de pesos que debían destinarse al Sistema Único de la Seguridad Social para el pago de aportes sociales de los empleados de la cooperativa láctea. La resolución estuvo a cargo del juez federal de Rafaela, Aurelio Cuello Murúa.

Además, el magistrado embargó los bienes de los nombrados hasta cubrir la suma de 90 millones de pesos cada uno, pero rechazó la posibilidad de la suspensión de un juicio a prueba planteada por la defensa.

Según recientes informes, la firma que en la década de los años ochenta supo estar entre las líderes del mercado de productos lácteos de la Argentina, tiene una deuda total que supera los US$ 400 millones, exacerbada por una deuda de US$ 30 millones impaga de clientes venezolanos, desde la época de la relación entre los Kirchner y Hugo Chávez.

El gobernador de Corrientes, Juan Pablo Valdés, prometió coordinar acciones con los productores de las “zonas calientes” de la provincia litoraleña afectada por una ola de delitos de abigeato y robos.

Valdés se comprometió a “generar un espacio de trabajo entre el gobierno provincial y el sector rural” para propiciar una solución sostenible al creciente problema de inseguridad presente fundamentalmente en la costa del río Uruguay.

La reunión tuvo lugar en la Sociedad Rural de La Cruz, a la que también asistieron los ministros de Seguridad, Adán Gaya; y de Producción, Walter Chávez; integrantes de la Policía de Corrientes; y el intendente de La Cruz, Luis Calomarde.

Por parte de los productores, estuvieron representantes de la Asociación de Sociedades Rurales de Corrientes (ASRC), encabezados por su presidente Carlos Roldán.