Durante marzo, las empresas del sector agropecuario liquidaron divisas por un total de USD 2.032 millones. Este monto reflejó un aumento del 57% en relación a lo registrado en febrero, cuando el flujo de ingresos resultó sensiblemente menor. Con respecto al mismo mes de 2025, el incremento en la liquidación fue del 8%.

Son datos de la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA) y el Centro de Exportadores de Cereales (CEC), entidades que representan el 48% de las exportaciones argentinas.

El acumulado anual alcanzó los USD 5.172 millones, aunque, al compararlo con igual periodo de 2025, se observa una caída interanual del 15% en los ingresos generados por la actividad agroexportadora.

“El mes de marzo se caracterizó por un crecimiento de arribo de camiones de maíz y embarques de trigo y maíz sumados a harina y aceite de soja, junto al inicio de la campaña de girasol”, explicaron.

Durante 2026, el sector agropecuario argentino prevé aportar USD 34.530 millones al Mercado Libre de Cambios (MULC), según proyecciones de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR). Esta previsión se da en el marco de una cosecha que alcanzaría niveles récord por la mejora en las condiciones climáticas, aunque el monto estimado resulta similar al registrado el año anterior.

La Argentina concretará su primer embarque de maíz con destino a China tras más de una década de restricciones fitosanitarias. El grupo Cofco cargará próximamente 34.000 toneladas del cereal en su terminal portuaria de Timbúes, Santa Fe, que marcarán la apertura de un nuevo corredor de origen tras recientes aprobaciones regulatorias. En diciembre pasado hicieron el primer envío de trigo al gigante asiático.

Así lo informaron desde el Grupo Cofco, quienes señalaron que el cereal se originó y será ejecutado por Cofco International, la plataforma agrícola internacional del grupo. El cereal se enviará a bordo del buque MV Rooster e inaugurará formalmente un nuevo corredor comercial orientado a abastecer al sector de alimentación animal del gigante asiático. La novedad fue dada a conocer hoy por el ministro de Economía, Luis Caputo, en la Bolsa de Comercio de Rosario.

Según informaron, el envío se produce tras la aprobación por parte de China de las importaciones de maíz argentino y la finalización de los procedimientos fitosanitarios y de registro de exportaciones requeridos, que habían limitado los flujos comerciales entre ambos países durante más de una década.

En esa línea, Alfonso Romero, director Ejecutivo de Cofco International Cono Sur, agregó: “Este envío fortalece los lazos entre la Argentina y China, en un contexto de crecimiento de la producción agrícola de nuestro país, donde China se presenta como un destino natural y complementario en la cadena de valor, a través de la plataforma global de Cofco para generar oportunidades para los productores”.

"Vamos a hacernos cargo de reparar la Ruta Nacional A012, un reclamo que venimos haciendo por su muy mal estado y la falta de mantenimiento. Firmaremos un convenio con el Gobierno Nacional", informó en X el gobernador de la provincia de Santa Fe, Maximiliano Pullaro tras lo informado por el propio ministro de Economía, Luis Caputo, al cerrar su charla en la Bolsa de Comercio de Rosario.

Santa Fe viene reclamando el traspaso de ese corredor desde febrero de 2024. Varias veces ya le fue prometido y el ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, suele decir que, hasta no ver los papeles firmados, no se puede tener la certeza del acuerdo.

La Ruta Nacional A012, conocida como la segunda circunvalación de Rosario, es considerada una vía estratégica del sur de Santa Fe que rodea el área metropolitana de Rosario. Con una extensión de 67 kilómetros, conecta las principales terminales portuarias del Gran Rosario con las rutas que llegan desde el interior del país.

La A012 comienza en la Ruta Nacional 11 (a la altura de Pueblo Andino/San Lorenzo) y finaliza en la Ruta Nacional 9 cerca de Arroyo Seco. En el medio, atraviesa Ricardone, Roldán, Funes, Zavalla, Piñero, Álvarez, Soldini y Alvear. Camiones son los principales usuarios de este corredor que tiene cruces ferroviarios y de rutas nacionales a nivel que lo hacen más peligroso.

Es más, Santa Fe, a través del ministerio de Obras Públicas licitó oportunamente trabajos para mejorar la carpeta asfáltica de esa ruta, preadjudicó y espera la firma de la cesión para que en forma inmediata la empresa Pose SA encare los trabajos. La firma fue la menor oferta presentada en la licitación del bacheo para darle transitabilidad a la ruta.

Luego de dos reveses judiciales para el municipio bonaerense de Azul, productores agropecuarios del distrito decidieron redoblar la apuesta y avanzar con una nueva acción en la Justicia. El objetivo es que se despeje una situación de incertidumbre jurídica y se determine si es válida la aplicación de determinadas ordenanzas vinculadas a la tasa vial y a la creación de fondos adicionales.

El nuevo planteo llega después de una seguidilla de fallos favorables al sector. Por un lado, a fines de febrero, la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo de Mar del Plata declaró inválida la ordenanza que había creado la Tasa de Servicios Esenciales. Por otra parte, recientemente la Justicia hizo lugar a un amparo colectivo y ordenó al municipio entregar información “completa, veraz y adecuada” sobre el destino de los fondos recaudados por tasas viales.

Ambas resoluciones representaron un fuerte golpe para la administración local y reactivaron el debate sobre la inclusión de cargos dentro de las tasas y la transparencia en el uso de los recursos públicos.

En este contexto, los productores presentaron ahora una acción declarativa de certeza. Se trata de una herramienta legal que busca que un juez defina si existe o no un derecho, en este caso, la validez de las ordenanzas cuestionadas.

Después de que el Gobierno adecuara el marco regulatorio vigente para que, si una compañía petrolera lo considera conveniente, pueda incorporar de manera voluntaria hasta un 15% de bioetanol (E15) en las naftas, desde el 12% obligatorio, y hasta un 20% en volumen de biodiésel en el gasoil, las cámaras de biocombustibles solicitaron a la Secretaría de Energía que aplique el artículo 16 de la Ley 27.640 para sustituir importaciones de gasoil por biodiésel. El planteo propone subir el corte obligatorio del 7,5% al 20% para bajar los precios en los surtidores. La idea es que las pymes aporten un 10% de inmediato y las empresas integradas sumen otro 10%.

La nota de la Cámara Santafesina de Energías Renovables y la Cámara Panamericana de Biocombustibles Avanzados (Capba) fue dirigida a la titular del área, María Tettamanti, y el subsecretario de Combustibles Líquidos, Federico Veller, en su carácter de autoridades de aplicación del régimen. El objetivo que buscan las entidades del sector es “evitar la salida de divisas”, fomentar la industrialización de materias primas nacionales y “promover el empleo”, según manifestaron.

En la misiva señalaron que la suba internacional de los combustibles fósiles, en parte asociada a tensiones geopolíticas originadas por el conflicto de Medio Oriente, generó un escenario en el que el gasoil importado supera en precio al biodiésel local. Bajo ese argumento, consideran que se configura la situación contemplada por la ley y reclaman que se active el procedimiento correspondiente para incrementar la participación de biocombustibles en el abastecimiento.

Las abundantes lluvias que se registraron en los últimos días en el centro de la provincia de Buenos Aires, que en algunos puntos dejó acumulados de hasta 200 milímetros en pocas horas, volvieron a poner de manifiesto el mal estado de los caminos rurales, que, por estas horas, en momentos de plena cosecha y zafra de terneros, se encuentran, una vez más, intransitables.

Esta situación se está dando en partidos como Olavarría, Carlos Casares o 9 de Julio, por citar solo algunos ejemplos, ya que la problemática afecta al grueso de los municipios de la provincia.

En el caso de Olavarría, días atrás cayeron 200 milímetros en solo 6 horas en algunas zonas del distrito. En esos lugares, más allá de las imágenes de las vacas con el agua hasta el cuello, los excesos escurrieron rápidamente en gran parte de los lotes. Pero el problema más grave fue el impacto que tuvieron en los caminos rurales, dejándolos prácticamente inutilizables.

En diálogo con Clarín, el presidente de la Sociedad Rural de Olavarría, Daniel Ayçaguer, comentó que en algunas zonas del partido “cayó mucha agua y de golpe, sin sistema hidráulico que resista. Pero el agua bajó rápido al otro día. Sin embargo, el lío grande pasa en caminos rurales, porque no se está pudiendo sacar terneros ni cosechar girasol”.

“Los caminos están detonados, porque no hay un sistema hidráulico que logre drenar el agua de estos. Entonces, ha quedado mucha agua arriba de los mismos”, comentó Ayçaguer.

Una disertación del ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, en el Salón Belgrano de la Bolsa de Comercio de Rosario fue una nueva oportunidad para sumar un capítulo más al debate por el punto más álgido en temas agropecuarios: las retenciones.

Caputo habló durante casi una hora en la entidad y destacó aspectos como la confianza de los mercados en la política económica del Gobierno, la importancia de “los datos” en la percepción de la realidad por parte de la gente y cierta “resistencia” a los cambios impulsados por la administración de Javier Milei.

Entre otras cosas, mencionó lo que consideró un “récord” en el Producto Bruto Interno (PBI) y también en el “consumo privado”. Además, en cuanto a YPF y Vaca Muerta, señaló: “El costo de la expropiación demoró el desarrollo del yacimiento”.

Como era de esperar por el recinto en el que se encontraba -una de las entidades con mayor peso en la agroindustria argentina, ya que nuclea a todas las empresas que operan en el mercado de granos rosarino-, el ministro dio también mensajes para el sector agropecuario.

Vale mencionar como dato adicional que la visita de Caputo a Rosario se dio incluso al día siguiente de la reunión entre el jefe de Gabinete Manuel Adorni y el presidente de la Sociedad Rural Argentina, Nicolás Pino.

La industria frigorífica refleja el rumbo de la economía argentina, con un sector -el de mayor eficiencia y capacidad financiera- destinado a crecer, y otro sentenciado a la desaparición. Entre los primeros están las empresas habilitadas para la exportación, que podrán aprovechar los excelentes precios internacionales de la carne y el buen posicionamiento de la Argentina en ese rubro. Entre los segundos se cuentan, por ejemplo, el frigorífico San Roque, de Morón, el frigorífico Pico, de La Pampa, y La Taba, del norte de Córdoba, que en las últimas semanas tuvieron que reducir drásticamente la cantidad de empleados o, directamente, cerrar sus puertas.

Fernando Chico, empresario frigorífico con base en Venado Tuerto, Santa Fe, advierte en diálogo con Clarín rural que la coyuntura del negocio atraviesa un momento delicado, marcado por una fuerte caída del consumo -que en febrero fue de 47,3 kg por habitante al año, el nivel más bajo en dos décadas- y una suba abrupta del precio de la hacienda entre diciembre y febrero, que recién ahora comienza a encontrar un techo. A esto se suma un problema estructural que golpea de lleno a la industria: “El subproducto vacuno prácticamente no tiene valor, sobre todo el cuero”, señala.

Si bien décadas atrás representaba una fuente clave de ingresos para las plantas faenadoras, hoy el precio del cuero es prácticamente irrelevante debido a cambios en la industria global de materiales. En contraste, las menudencias se mantienen como un componente que ayuda a sostener los números, impulsadas por la demanda externa.

La Justicia dio luz verde al esquema que permitirá avanzar en la reactivación de Algodonera Avellaneda, del norte de Santa Fe, que se encuentra en concurso preventivo y tiene 366 empleados. Se trata de la autorización para la realización de contratos de fasón para el desmote de algodón durante la campaña 2026, una modalidad que ya había sido presentada en el expediente como alternativa para retomar la operatoria. Algodonera Avellaneda está ligada a Vicentin, la cerealera hoy controlada por el Grupo Grassi, que ganó el cramdown.

La decisión fue tomada por el juez del concurso, Fabián Lorenzini, en el marco del proceso en el que la compañía había solicitado autorización para avanzar con un esquema comercial con Vicentin SAIC, en carácter de cliente. Ese esquema había quedado condicionado a la aprobación judicial y había sido objetado en una primera instancia por el comité de acreedores y la sindicatura. Según surge de la resolución, la empresa informó que había aceptado una propuesta para procesar algodón en bruto bajo la modalidad de fasón, es decir, utilizando sus plantas industriales para realizar el servicio de desmote sin asumir la compra de la materia prima.

El acuerdo contempla la utilización de las plantas ubicadas en Pinedo (Chaco) y Bandera (Santiago del Estero), donde se procesará el algodón provisto por el cliente para obtener fibra, semilla y subproductos. En este esquema, la propiedad del algodón y de los productos resultantes se mantendrá en manos del cliente durante todo el proceso.

Luego de casi dos años y medio de crisis yerbatera, el gobierno de Misiones encabezado por Hugo Passalacqua decidió acompañar una medida judicial que impulsan productores yerbateros de esa provincia para recuperar las funciones del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM), que fueron cercenadas por la motosierra nacional y puso a los yerbateros al borde del colapso.

Como este medio viene contando desde diciembre de 2023, al asumir la administración de Javier Milei a nivel nacional, uno de los sectores productivos que más perjudicado salió fue el yerbatero. Desde entonces comenzó una desregulación de la actividad que afectó duramente a los colonos misioneros, ya que el principal rector de la producción, el INYM, dejó de fijar precios entre la industria molinera y los productores. Desde ese entonces comenzó una crisis yerbatera que lleva más dos años y el gobierno de Misiones poco hizo por su sector productivo que más empleo y movimiento genera.

En los últimos días, con el inicio de la cosecha de yerba mate, algunas cooperativas de menor tamaño comenzaron a ofrecer a sus productores socios alrededor de 350 pesos por kilo de hoja verde. Esto indica una posibilidad de aumentar el valor de la materia prima, que permanece estancado desde fines de 2023. Sin embargo, estos montos tienen un carácter simbólico: no logran impactar en las grandes empresas del sector y tampoco alcanzan a cubrir los gastos de producción.