La seguridad de las cadenas internacionales de suministro de fertilizantes se convirtió en una preocupación central para las principales economías del mundo. Frente a las tensiones geopolíticas en Oriente Medio y las dificultades que enfrenta el comercio global de estos insumos, los ministros de Agricultura del G7 se reunirán el próximo lunes en París para analizar medidas que permitan garantizar el abastecimiento y reducir los riesgos para la producción agrícola.

La convocatoria fue impulsada por la presidencia francesa del grupo en un contexto marcado por las interrupciones en el tránsito a través del estrecho de Ormuz, uno de los corredores marítimos más importantes para el comercio internacional de energía, fertilizantes y materias primas agrícolas.

La preocupación no se limita al sector agropecuario. Las dificultades para movilizar fertilizantes a nivel global ponen en evidencia la dependencia que tienen numerosas cadenas productivas de una infraestructura logística altamente integrada y sensible a conflictos geopolíticos.

Los fertilizantes son uno de los eslabones fundamentales de la producción agrícola moderna. Su disponibilidad influye directamente en los niveles de rendimiento de los cultivos y, en consecuencia, en la oferta global de alimentos.

Por ese motivo, cualquier alteración en las cadenas de suministro internacionales puede generar efectos que trascienden al sector agrícola y terminan impactando en los precios y la disponibilidad de productos.

Las autoridades francesas advirtieron que el aumento de los costos y las dificultades de abastecimiento ya están afectando a explotaciones agrícolas de distintas regiones del mundo.

La situación llevó a los miembros del G7 a promover una instancia específica de coordinación para analizar el problema y buscar respuestas conjuntas.

El Senado abrió la semana pasada el debate por una nueva Ley de biocombustibles que partió al sector en dos frentes: las grandes agroexportadoras y cerealeras, que tienen plantas de biodiesel construidas y capacidad para abastecer el mercado interno, pero sin acceso legal para hacerlo, y las pymes regionales, que operan en condiciones reguladas y temen que una apertura competitiva las deje fuera de un negocio que sostienen desde hace casi dos décadas.

El miércoles pasado ingresó en la Cámara alta la iniciativa impulsada por Patricia Bullrich, elaborada tras casi dos años de conversaciones entre la Secretaría de Energía y distintos actores de la cadena. La propuesta, que llegó con el mayor respaldo político, propone elevar el corte obligatorio de biodiesel en el gasoil del 7,5% al 10% y el de bioetanol en las naftas del 12% al 15%, habilitar motores Flex Fuel y crear un sistema electrónico de comercialización.

El secretario de Coordinación de Energía y Minería, Daniel González, fue el primero en exponer y defendió la iniciativa con una admisión llamativa: “Tiene ganadores, perdedores, afectados”, sostuvo ante los senadores. Consideró “oportuno discutir una nueva ley” y afirmó que el proyecto “contiene los lineamientos que venimos trabajando hace casi dos años”.

Sobre el biodiesel, González advirtió que su costo es “muchísimo más alto que el fósil” y descartó duplicar el corte, porque implicaría “una suba estructural y permanente en el gasoil, con mayor costo de transporte, agro y consumidores finales”.

Ese argumento sobre el precio, sin embargo, tiene un reverso que las pyme señalaron en la discusión. Las grandes cerealeras sostuvieron que podrían vender biodiesel un 20% más barato que las plantas pequeñas, lo que se traduciría en una baja del 2% en el precio del combustible final.

Santa Fe avanza en la construcción de un atributo que pocos territorios del mundo pueden ofrecer: la certificación estatal de que sus productos agropecuarios provienen de campos libres de deforestación. La herramienta se llama “Santa Fe produce sostenible” y es la única iniciativa de este tipo desarrollada por un gobierno subnacional en toda Sudamérica. Se presentará oficialmente en los próximos días.

El programa nació como respuesta a la resolución 1115 de la Unión Europea, que exige que determinados productos acrediten su origen en predios sin deforestación para poder ingresar al mercado comunitario, aunque la norma, que generó debates y fue prorrogada, comenzará a regir a partir del 1° de enero de 2027.

“Como provincia, generamos una herramienta pública que acreditará, con información del Estado, que un producto proviene de un campo libre de deforestación”, explicó Ignacio Mántaras, secretario de Agricultura y Ganadería de Santa Fe, durante su participación en Agroactiva 2026.

El sistema cruza información del Catastro provincial —considerado uno de los mejores del país—, datos del Senasa a través del Renspa, registros del área de Ambiente mediante sistemas de alerta temprana y el propio Registro Único de Producciones Primarias (RUP) de la provincia. Con ese conjunto de datos, Santa Fe puede demostrar que un animal nacido, criado y terminado en su territorio es un producto libre de deforestación.

“Llevamos dos años hablando con embajadas europeas y siempre nos dicen que un atributo brindado y acreditado por un Estado es verdadero”, señaló Mántaras.

Argentina se consolidó como el tercer exportador agrícola mundial durante la campaña 2024/25. Según un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), el país exportó el año pasado 97,5 millones de toneladas de commodities agrícolas. Este volumen solo fue superado por Brasil, con 174,2 millones de toneladas, y Estados Unidos, con 170,6 millones de toneladas.

En ese sentido, la entidad destacó el aporte del Gran Rosario, que logró una marca histórica al posicionarse como el mayor complejo portuario granario del mundo.

Con un total embarcado de 75,7 millones de toneladas embarcadas de granos, aceites y subproductos, el complejo superó al distrito aduanero de Nueva Orleans (Luisiana, EE.UU.), que despachó 74,8 Mt, y al puerto brasileño de Santos (San Pablo), que ocupó el tercer lugar con 60 Mt.

“La región concentra más de 52 millones de toneladas anuales de capacidad de molienda de oleaginosas, equivalente al 75% del total nacional”, remarcó el relevamiento.

Con una extensión de 70 kilómetros sobre la ribera del Río Paraná, desde Timbúes hasta Arroyo Seco, el Gran Rosario concentra 30 terminales portuarias. De este total, 18 despachan productos agroindustriales que generan casi uno de cada tres dólares que ingresan al país por exportaciones de bienes.

De esta forma, el primer puesto mundial del nodo santafesino representa una fuerte recuperación tras años donde la baja producción agrícola habían relegado a la región al segundo puesto. En 2023, año de la histórica sequía, había caído incluso al tercer lugar.

En la reciente edición de Agroactiva, el Banco de la Nación Argentina (BNA), uno de los auspiciantes del evento, alcanzó muy buenos resultados en materia de financiamiento productivo, al registrar un récord de volumen de solicitudes de crédito del sector agroindustrial, uno de los puntales de la recuperación económica basada en la inversión a la que apuesta el gobierno.

“En los cuatro días de la muestra, el Banco Nación emitió 18.664 certificados para maquinaria agrícola, nuevas y usadas, por un monto USD 11.850 millones. En cantidad de solicitudes significa un incremento del 78% respecto al volumen operado en la Agroactiva 2025, marcando un nuevo hito en el acompañamiento financiero al sector de la maquinaria agrícola”, señaló la entidad en un comunicado.

Además, precisó que en materia de comercio exterior se registraron 361 solicitudes de financiamiento por un total de 534 millones de dólares, “lo que refleja el interés de las empresas en herramientas destinadas a impulsar las exportaciones y el desarrollo de los negocios internacionales”.

Para la entidad presidida desde diciembre del año pasado por Darío Wasserman, los resultados “ratifican el compromiso del Banco Nación con el desarrollo del sector agroindustrial, profundizando su rol como socio financiero clave del sistema productivo”.

Ya en la previa del evento, el Banco Nación había informado que durante 2025 alcanzó un récor de financiamiento al sector agro-industrial, con desembolsos por USD 6.500 millones. De hecho, una de cada tres máquinas agrícolas comercializadas durante el año pasado fue financiado por la entidad.

Por Jorge Bassi.

La agricultura argentina atraviesa un proceso de transformación profunda. En un contexto donde la eficiencia productiva ya no puede desligarse del impacto ambiental, oleaginosas de invierno como la colza, la camelina y el cártamo se consolidan como protagonistas de un nuevo modelo agrícola: más intensivo, más sustentable y con mayor proyección de valor para el productor.

Durante muchos años, estos cultivos alternativos fueron vistos en la Argentina como una curiosidad agronómica o una experiencia de nicho. Hoy, esa percepción está cambiando de manera acelerada. De acuerdo con un reciente informe de la Bolsa de Comercio de Rosario, la superficie sembrada con estos cultivos de invierno pasó de 30.000 hectáreas a más de 170.000 hectáreas en apenas tres años. Este crecimiento refleja no solo una mayor adopción tecnológica, sino también un cambio de mentalidad en la toma de decisiones productivas.

Estos números responden a una necesidad concreta: intensificar los sistemas agrícolas, mejorar los resultados ambientales dentro del lote y acompañar la expansión de los mercados vinculados a biocombustibles de baja huella de carbono.

Uno de los grandes cambios que estamos viendo en el agro argentino es la revalorización de los períodos de barbecho, esos momentos del año en los que históricamente la tierra permanecía sin producir. Esta ventana, asociada en la mayoría de los casos al invierno, es consecuencia de una falta de oportunidades de producciones de invierno, que se ajustan a tan solo a cereales para cultivos de gran escala. La incorporación de oleaginosas de invierno permite transformar esos barbechos en una oportunidad concreta.

“En crucíferas, la siembra define gran parte del éxito del cultivo”, resume José “Peco” Alonso, socio y participante de la Red de Crucíferas de la Asociación de Productores en Siembra Directa (Aapresid).

Y no es una exageración: una mala regulación, unos milímetros de profundidad de más o un lote desparejo pueden traducirse en pérdidas de plantas, nacimientos heterogéneos y menor capacidad competitiva frente a malezas.

Uno de los principales desafíos es el tamaño de la semilla. En colza, por ejemplo, el peso de mil granos ronda apenas los 3 o 4 gramos. En camelina, incluso menos: cerca de 1 gramo cada mil semillas.

“Estamos hablando de semillas muy chicas, similares a una alfalfa. Entonces, cualquier error de profundidad o contacto con el suelo impacta muchísimo en la emergencia”, explica Alonso.

Esto reduce fuertemente el margen de error que sí puede haber en otros cultivos extensivos. “Cuanto más nos pasamos de 1,5 centímetros de profundidad, las emergencias empiezan a caer fuerte”, advierte.

La clave, entonces, es lograr que la semilla quede ubicada superficialmente, pero con buena humedad y excelente contacto suelo-semilla.

Incluso, cuando falta humedad en superficie, una alternativa es retirar las ruedas tapadoras y profundizar un poco más la línea de siembra hasta alcanzar humedad, siempre manteniendo poca tierra sobre la semilla para no comprometer la emergencia.

Como un capítulo más en esta larga agonía de Sancor Cooperativas Unidas Limitada, empresa que pidiera su quiebra a la justicia hace poco más de un mes, este domingo por la noche tuvo lugar un sospechoso incendio en su planta de Sunchales.

Las instalaciones estarían afectadas en la zona de calderas para el procesamiento de materia prima con destino a leche pasteurizada con alta temperatura y en laboratorios.

Si bien no hay versiones oficiales de Bomberos, o el servicio de emergencias 911 de la provincia de Santa Fe, el vocero del hecho sorprendió frente a la planta.

En declaraciones ofrecidas al medio Sunchales DíaxDía el ex gerente general, Marcelo Gornati, se apersonó en el ingreso principal del lugar, sobre la avenida Ricchieri, y explicó que el detonante del incendio “fue un cortocircuito en la zona de UAT, sector de control y laboratorio”.

Aunque sin precisiones sobre el origen del hecho y con la continuidad del trabajo de los Bomberos agregó que “ya enfriaron el sector y están esperando que se evacúe el humo para verificar” el estado de las instalaciones. El hecho se habría generado después de las 19 horas.

Más llamativo aún es que Gornati agregó que en la planta no había nadie cuando se desencadenó el fuego. “Si esto hubiera pasado mañana, probablemente no hubiera pasado a mayores”.

Bichos de Campo reunió a dos investigadores, quienes con rigurosa labor científica y muchos kilómetros de ruta y caminata, vienen midiendo, hace más de 10 años, diversos pozos de agua subterránea, ríos y manantiales de La Rioja y San Juan. En esta nota, muestran su preocupación por los resultados obtenidos, pero también buscan estrategias para revertir esta situación.

Por un lado, el licenciado en Diagnóstico y Gestión Ambiental Esteban Miguel ingresó a la Experimental del INTA, en Chilecito (La Rioja), en 2014. Desde ese momento recorre incansablemente los pozos de agua del Valle Antinaco-Los Colorados.

Además, la bióloga Romina Battistella, responsable del área de Hidroquímica y del Laboratorio de Calidad de Agua, del Instituto Nacional del Agua (INA). Ella ingresó al Centro Regional de Agua Subterránea a través de una pasantía gratuita en absorción atómica y, desde 2015 viene colaborando con los complejos estudios de agua subterránea de esa institución.

“Los trabajos que empezamos a desarrollar en el Valle Antinaco-Los Colorados se enmarcaron en mi ingreso al INTA en el 2014”, comienza Esteban Miguel. “Todo estaba vinculado con la necesidad de empezar a estudiar lo que ocurría con el agua subterránea a nivel del sistema acuífero en el Valle Central”.

A partir de 10 años de toma de datos, según este profesional se observa “un descenso de los niveles de agua subterránea, es decir el agua se encuentra cada vez más profunda. En algunos lugares estos descensos son mayores, en otros son menores”.

“En la campaña 2026/2027 será conveniente desarrollar un planteo agrícola diversificado, con varios cultivos distribuidos en la superficie roturable, si se tiene en cuenta que va a ser un año con mucha volatilidad”, aconseja el consultor Julio Lieutier.

La variabilidad del escenario provendrá de varios factores, según el profesional. En primer lugar, no está resuelto el conflicto bélico en Medio Oriente y hay mucha incertidumbre sobre su efecto sobre los precios futuros del gasoil, de los fertilizantes y de otros insumos. Por ejemplo, la urea pasó de costar 600US$/t a principios de año a 1050 en plena guerra en Medio Oriente, para caer a 760-800 a principios de junio.

En ese contexto volátil, los mercados de granos van variando los precios al ritmo de las noticias. El ejemplo más claro es el empujón que recibieron las oleaginosas por sus capacidades de generar biocombustibles; pero ese empujón puede perder fuerza si Estados Unidos e Irán llegaran a un acuerdo sustentable.

Por otro lado, también influirá la cuestión climática: ¿vamos a un evento El Niño normal o a un súper Niño? Hoy no se tiene la respuesta, luego de transitar marzo y abril llovedores, tras lo cual el tiempo muestra tendencia a un periodo más seco.

Ante estas incertidumbres “no sería razonable jugar todas las cartas a un solo cultivo que muestre el mejor margen, sino mantener la rotación histórica, con leves cambios en función de las rentas previstas. Y la otra precaución sería estar comercialmente atentos y aprovechar para tomar coberturas flexibles cuando se alcanzan los precios objetivo que permitan asegurar una rentabilidad determinada”, recomienda Lieutier.