La demanda de importación de urea en la Argentina continúa sumamente deprimida y el mercado se describe como apagado. Los compradores se mantienen al margen y  esperan ofertas con precios más bajos en un contexto global de demanda muy deprimida.

“Las cotizaciones de urea para la Argentina sufrieron una nueva caída. Esta semana los precios se evalúan en un rango de 590 a 600 u$s/tonelada CFR, pero sin lograr concretar negocios”, señala el informe semanal de la consultora IF Ingeniería en Fertilizantes.

El último punto de inflexión ocurrió a mediados de abril, cuando las tensiones en Medio Oriente y una licitación en India impulsaron los precios y en la Argentina se llegó a un pico máximo de 850 a 870 u$s/tonelada CFR. Al comparar ese techo con los niveles actuales, la plaza argentina acumula un derrumbe ininterrumpido de entre 260 y 270 u$s/tonelada CFR en menos de dos meses.

“Por su parte, los precios locales también continúan su tendencia bajista. Los productores argentinos difieren la decisión de compra hasta tanto la demanda del cultivo no se los requiera, metiéndole más presión a la oferta, que día a día busca generar demanda mostrando precios cada vez más competitivos, pero sin encontrar interés por el momento”, remarca el informe.

El rango de precios de UREA en el mercado mayorista argentino se ubicó en 760 u$s/tonelada al inicio de la semana, mientras que al final de la misma cotizaba un rango de 720-740 u$s/tonelada.

Bichos de Campo reunió a dos investigadores, quienes con rigurosa labor científica y muchos kilómetros de ruta y caminata, vienen midiendo, hace más de 10 años, diversos pozos de agua subterránea, ríos y manantiales de La Rioja y San Juan. En esta nota, muestran su preocupación por los resultados obtenidos, pero también buscan estrategias para revertir esta situación.

Por un lado, el licenciado en Diagnóstico y Gestión Ambiental Esteban Miguel ingresó a la Experimental del INTA, en Chilecito (La Rioja), en 2014. Desde ese momento recorre incansablemente los pozos de agua del Valle Antinaco-Los Colorados.

Además, la bióloga Romina Battistella, responsable del área de Hidroquímica y del Laboratorio de Calidad de Agua, del Instituto Nacional del Agua (INA). Ella ingresó al Centro Regional de Agua Subterránea a través de una pasantía gratuita en absorción atómica y, desde 2015 viene colaborando con los complejos estudios de agua subterránea de esa institución.

“Los trabajos que empezamos a desarrollar en el Valle Antinaco-Los Colorados se enmarcaron en mi ingreso al INTA en el 2014”, comienza Esteban Miguel. “Todo estaba vinculado con la necesidad de empezar a estudiar lo que ocurría con el agua subterránea a nivel del sistema acuífero en el Valle Central”.

A partir de 10 años de toma de datos, según este profesional se observa “un descenso de los niveles de agua subterránea, es decir el agua se encuentra cada vez más profunda. En algunos lugares estos descensos son mayores, en otros son menores”.

La seguridad de las cadenas internacionales de suministro de fertilizantes se convirtió en una preocupación central para las principales economías del mundo. Frente a las tensiones geopolíticas en Oriente Medio y las dificultades que enfrenta el comercio global de estos insumos, los ministros de Agricultura del G7 se reunirán el próximo lunes en París para analizar medidas que permitan garantizar el abastecimiento y reducir los riesgos para la producción agrícola.

La convocatoria fue impulsada por la presidencia francesa del grupo en un contexto marcado por las interrupciones en el tránsito a través del estrecho de Ormuz, uno de los corredores marítimos más importantes para el comercio internacional de energía, fertilizantes y materias primas agrícolas.

La preocupación no se limita al sector agropecuario. Las dificultades para movilizar fertilizantes a nivel global ponen en evidencia la dependencia que tienen numerosas cadenas productivas de una infraestructura logística altamente integrada y sensible a conflictos geopolíticos.

Los fertilizantes son uno de los eslabones fundamentales de la producción agrícola moderna. Su disponibilidad influye directamente en los niveles de rendimiento de los cultivos y, en consecuencia, en la oferta global de alimentos.

Por ese motivo, cualquier alteración en las cadenas de suministro internacionales puede generar efectos que trascienden al sector agrícola y terminan impactando en los precios y la disponibilidad de productos.

Las autoridades francesas advirtieron que el aumento de los costos y las dificultades de abastecimiento ya están afectando a explotaciones agrícolas de distintas regiones del mundo.

La situación llevó a los miembros del G7 a promover una instancia específica de coordinación para analizar el problema y buscar respuestas conjuntas.

El Senado abrió la semana pasada el debate por una nueva Ley de biocombustibles que partió al sector en dos frentes: las grandes agroexportadoras y cerealeras, que tienen plantas de biodiesel construidas y capacidad para abastecer el mercado interno, pero sin acceso legal para hacerlo, y las pymes regionales, que operan en condiciones reguladas y temen que una apertura competitiva las deje fuera de un negocio que sostienen desde hace casi dos décadas.

El miércoles pasado ingresó en la Cámara alta la iniciativa impulsada por Patricia Bullrich, elaborada tras casi dos años de conversaciones entre la Secretaría de Energía y distintos actores de la cadena. La propuesta, que llegó con el mayor respaldo político, propone elevar el corte obligatorio de biodiesel en el gasoil del 7,5% al 10% y el de bioetanol en las naftas del 12% al 15%, habilitar motores Flex Fuel y crear un sistema electrónico de comercialización.

El secretario de Coordinación de Energía y Minería, Daniel González, fue el primero en exponer y defendió la iniciativa con una admisión llamativa: “Tiene ganadores, perdedores, afectados”, sostuvo ante los senadores. Consideró “oportuno discutir una nueva ley” y afirmó que el proyecto “contiene los lineamientos que venimos trabajando hace casi dos años”.

Sobre el biodiesel, González advirtió que su costo es “muchísimo más alto que el fósil” y descartó duplicar el corte, porque implicaría “una suba estructural y permanente en el gasoil, con mayor costo de transporte, agro y consumidores finales”.

Ese argumento sobre el precio, sin embargo, tiene un reverso que las pyme señalaron en la discusión. Las grandes cerealeras sostuvieron que podrían vender biodiesel un 20% más barato que las plantas pequeñas, lo que se traduciría en una baja del 2% en el precio del combustible final.

En la reciente edición de Agroactiva, el Banco de la Nación Argentina (BNA), uno de los auspiciantes del evento, alcanzó muy buenos resultados en materia de financiamiento productivo, al registrar un récord de volumen de solicitudes de crédito del sector agroindustrial, uno de los puntales de la recuperación económica basada en la inversión a la que apuesta el gobierno.

“En los cuatro días de la muestra, el Banco Nación emitió 18.664 certificados para maquinaria agrícola, nuevas y usadas, por un monto USD 11.850 millones. En cantidad de solicitudes significa un incremento del 78% respecto al volumen operado en la Agroactiva 2025, marcando un nuevo hito en el acompañamiento financiero al sector de la maquinaria agrícola”, señaló la entidad en un comunicado.

Además, precisó que en materia de comercio exterior se registraron 361 solicitudes de financiamiento por un total de 534 millones de dólares, “lo que refleja el interés de las empresas en herramientas destinadas a impulsar las exportaciones y el desarrollo de los negocios internacionales”.

Para la entidad presidida desde diciembre del año pasado por Darío Wasserman, los resultados “ratifican el compromiso del Banco Nación con el desarrollo del sector agroindustrial, profundizando su rol como socio financiero clave del sistema productivo”.

Ya en la previa del evento, el Banco Nación había informado que durante 2025 alcanzó un récor de financiamiento al sector agro-industrial, con desembolsos por USD 6.500 millones. De hecho, una de cada tres máquinas agrícolas comercializadas durante el año pasado fue financiado por la entidad.

“En crucíferas, la siembra define gran parte del éxito del cultivo”, resume José “Peco” Alonso, socio y participante de la Red de Crucíferas de la Asociación de Productores en Siembra Directa (Aapresid).

Y no es una exageración: una mala regulación, unos milímetros de profundidad de más o un lote desparejo pueden traducirse en pérdidas de plantas, nacimientos heterogéneos y menor capacidad competitiva frente a malezas.

Uno de los principales desafíos es el tamaño de la semilla. En colza, por ejemplo, el peso de mil granos ronda apenas los 3 o 4 gramos. En camelina, incluso menos: cerca de 1 gramo cada mil semillas.

“Estamos hablando de semillas muy chicas, similares a una alfalfa. Entonces, cualquier error de profundidad o contacto con el suelo impacta muchísimo en la emergencia”, explica Alonso.

Esto reduce fuertemente el margen de error que sí puede haber en otros cultivos extensivos. “Cuanto más nos pasamos de 1,5 centímetros de profundidad, las emergencias empiezan a caer fuerte”, advierte.

La clave, entonces, es lograr que la semilla quede ubicada superficialmente, pero con buena humedad y excelente contacto suelo-semilla.

Incluso, cuando falta humedad en superficie, una alternativa es retirar las ruedas tapadoras y profundizar un poco más la línea de siembra hasta alcanzar humedad, siempre manteniendo poca tierra sobre la semilla para no comprometer la emergencia.

El Poder Ejecutivo dejó una serie de definiciones esta semana en la Comisión de Energía del Senado, donde finalmente se trató un nuevo proyecto de biocombustibles que intenta desplazar a la normativa vigente desde 2021 y que fue valorada negativamente por casi todos los actores implicados en las cadenas productivas.

La iniciativa que presentó la senadora Patricia Bullrich llegó con letra de la Secretaría de Energía y el visto bueno de las productoras de etanol de caña, etanol de maíz, fabricantes de autos y petroleras. Sólo en los productores de biodiésel hay actores que plantean diferencias con el proyecto oficialista, especialmente porque pretenden mayor participación en el surtidor.

Concretamente, hay un aumento en el corte de etanol que pasaría del 12% actual a un 15% como mínimo obligatorio. Esto resulta un paso adelante, ya que actualmente existe la posibilidad de un corte del 15% pero voluntario. Y el carácter de voluntario hace referencia a las petroleras: si consideran pertinente o no aplicarlo.

Por el lado del biodiésel llegaría al 10% de corte, aunque el sector pretendía el 15%, para igualar al etanol. Sin embargo, en este punto el Gobierno se mostró inflexible por una razón central: el litro de biodiésel es más caro que el de gasoil. Entonces, cuanto más corte, más elevado el precio en el surtidor. En un contexto en el que el valor de los combustibles escaló por la guerra de Medio Oriente, aplicar un factor alcista adicional no está en los plantes de la Casa Rosada.

En cambio, en el caso del etanol, la Secretaría de Energía dejó en claro que no tiene ese problema actualmente, ya que el costo del litro es similar al de la nafta, aunque el biocombustible cuenta con cierto beneficio tributario. Este último punto sí fue planteado por los funcionarios al advertir que por cada punto de incremento se resignan ingresos vía impuestos.

Por Ignacio Iriarte.

Hay una fuerte recuperación de los envíos a faena, que pasan de 47,40 miles de cabezas diarias en abril a 54,9 mil cabezas diarias en mayo último.

Había mucha hacienda –en los campos y en los corrales– ganando kilos, a favor de la excelente relación entre el costo por kilo ganado y el precio de venta, y que ahora está saliendo.

Por las lluvias y los feriados se demoraron además los tactos, determinando en mayo un aumento sensible de la oferta de vacas de refugo.

También en mayo aparecieron muchos novillos, al terminarse en muchas zonas el engorde de “veranada”. Los ciclos de engorde en los feedlots actualmente tienden a alargarse y los animales se remiten a faena con más kilos.

Se intenta diluir la diferencia negativa de compra/venta agregando kilos en el engorde.

Este aumento de la oferta ganadera, después de varios meses de retención, encuentra al consumo muy débil y sobreabastecido.

Los precios de la hacienda bajan, pero a partir de los valores más altos -en términos reales- de la historia. Una “corrección” de las cotizaciones, después de haber subido más allá del poder de compra de la demanda del consumo y de la exportación.

Dos de las variables más importantes a la hora de explicar la formación del precio de la hacienda lucen hoy rezagadas.

La longevidad de sus integrantes y la multiplicación de sus herederos están transformando la gestión de las empresas agropecuarias.

Durante décadas, la continuidad de muchas de ellas descansó sobre acuerdos tácitos, conversaciones familiares y la palabra de sus fundadores.

Pero el escenario cambió. Hoy conviven más generaciones de una misma familia alrededor de una fuente de ingresos común, la expectativa de vida es cada vez mayor y las empresas deben sostener proyectos familiares mucho más complejos que los de hace 30 o 40 años.

El analista economista Salvador Di Stefano suele plantear este desafío en sus disertaciones: una misma hectárea debe sostener a familias cada vez más grandes.

Donde antes convivían dos generaciones hoy pueden hacerlo cuatro o incluso cinco. Abuelos, padres, hijos y nietos participan de manera directa o indirecta de una misma unidad de negocios.

Si se habla de empresa familiar, se habla de empresa agropecuaria. Por eso, los protocolos familiares comenzaron a ganar terreno y protagonismo dentro del sector como una herramienta para ordenar la relación entre familia, empresa y patrimonio.

"No garantiza el éxito de la empresa familiar, pero es un eslabón más que ayuda a que la empresa crezca en armonía entre sus miembros", resumió Santiago Lovera, gerente general de Sala, concesionario John Deere con sede en Río Cuarto y zona de influencia, en diálogo con La Voz.

“El mercado en general está pasando por un momento que, aunque lejos de lo óptimo, es bueno y muestra crecimiento”, señaló el presidente de la Asociación de Fabricantes Argentinos de Maquinaria Agrícola y otros equipamientos agrícolas (Afat), Carlos Palmieri.

Desde el stand de Jacto, fábrica de la cual es gerente general, en Agroactiva, trazó un panorama del sector. Pronosticó que el volumen de máquinas que se venderá este año “será seguramente mayor al anterior”, aunque aclaró que está lejos del potencial. Una materia pendiente para asegurar ese desarrollo pasa, enfatizó, por “contar con una estructura permanente y previsible de financiamiento”.

“Para atender productividades altas necesitamos tecnología moderna pero actualmente más del 70% u 80% de las cosechadoras y tractores tienen más de 15 años y esa antigüedad genera pérdidas, por eso se están sumando servicios de seguimiento satelital e información digital para mejorar los procesos del productor y el prestador de servicios”, explicó Palmieri.

La cosecha récord, salvo excepciones regionales, indica que la productividad del país está mejorando. Esto es un punto positivo para “la parte productiva del negocio”. En lo financiero, las ofertas particulares como las que se presentaron en Agroactiva “son fundamentales porque estamos hablando de bienes de capital de 100.000 dólares para arriba que requieren soporte crediticio de largo plazo, con tasas acordes y plazos de entre tres y siete años”, concluyó.