El acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea (UE), tal como informó días atrás Bichos de Campo, incluye un detalle significativo además de la rebaja de aranceles para incrementar el comercio: obliga a la Argentina a desmontar -aunque sea parcialmente y a lo largo del tiempo- esa rareza llamada Derechos de Exportación (DEX) o retenciones. El gobierno nacional -siempre a contramano de los interesas de los productores, cualquiera sea su signo-, intentó demorar ese cronograma lo más posible, pateando hasta dentro de una década la rebaja en soja, que aporta el filón de recursos. Pero aún así la Bolsa de Cereales de Buenos Aires evalúa que la medida podría tener impactos favorables en la producción y exportaciones de granos en las próximas campañas.

Un trabajo realizado por el Instituto de Negociaciones Agrícolas Internacionales (INAI) de dicha Bolsa remarca este aspecto positivo del pacto de libre comercio con el bloque europeo.

“Los análisis muestran que la reducción de derechos de exportación contemplada en el acuerdo Mercosur –UE introduce incentivos significativos para la producción agrícola argentina”, es la primera conclusión e utilizó diferentes modelos de cálculo para incluso poner cifras a dicho incentivo. “Estas mejoras se traducen, hacia 2034/35, en exportaciones que podrían acercarse a los 42.000 millones de dólares en el escenario más dinámico, frente a 33.230 millones en la situación inicial”, se celebró.

El campo y la agroindustria celebraron la firma del acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea (UE), pero el mismo, más allá de abanico de nuevas oportunidades que se abren para el sector, contempla algunos grises en la reglamentación del bloque del Viejo Continente que podrían condicionar los envíos.

Se tratan de las salvaguardias, que la Comisión Europea decidió impulsar ante la presión del agro y gobiernos europeos, como el italiano, que pidieron por su inclusión como condición para la firma del acuerdo. Estos mecanismos de “protección” para los sectores más sensibles deberían ser discutidos en el Consejo y Parlamento Europeo con anterioridad a la ratificación del acuerdo.

Según el borrador elaborado por la Comisión Europea, serían 24 los productos agropecuarios y agroindustriales plausibles de esta suerte de sanción unilateral por parte de los europeos: carne fresca; carne bovina enfriada y congelada de alta calidad; carne congelada para procesamiento; carne fresca, enfriada y congelada de cerdo; carne d ave sin hueso y preparaciones; carne de ave con hueso; leche en polvo; quesos; fórmulas infantiles; maíz y sorgo; arroz; azúcar para refinar; otros azúcares; huevos; albúminas de huevos; miel; ron y otras bebidas espirituosas obtenidas de la fermentación de la caña de azúcar; maíz dulce; almidón de maíz y de mandioca; derivados del almidón; etanol; ajo; biodiésel; y cítricos como el limón, naranjas y mandarinas.

Según explica el documento, las salvaguardias se pueden disparar una vez que se constate y demuestre que un aumento en las importaciones de estos productos dañó o están afectando a los sectores productivos locales.

Dicen que la historia la escriben los que ganan, y que entones las versiones oficiales muchas veces omiten y distorsionan datos y hechos, para construir relatos en función de los intereses de los triunfadores. Por eso hay que escuchar otras voces, y es la del consignatario de hacienda, Carlos Lanser, la que hoy más resuena.

De su feedlot ubicado en Chaján -donde había hacienda de terceros, pero principalmente de su firma Agropecuaria La Madera-, al sur de Córdoba, y gracias a la intervención del poder judicial y la policía provincial, se llevaron días atrás 1.060 vacunos.

“Lo que nos hicieron fue un robo, una violación total de la propiedad privada. Se llevaron la hacienda sin chequear ninguna caravana, sin verificar la procedencia. Era hacienda de clientes nuestros a los que debo ahora dar explicaciones. Cargaron lo que estaba más gordo para mandarlo rápido a la faena y que desaparezca”, contó Lanser a Bichos de Campo.

La versión oficial dice que en su campo se había encontrado hacienda robada que pertenecía a la firma San Jorge Cereales y Hacienda.

Lanser explicó que el origen del conflicto está en la empresa San Pablo, que comenzó a incumplir con sus pagos entre marzo y abril de este año, y que hay otros consignatarios también afectados por esto.