Gastón Marquevich, de alguna manera, regresó a sus orígenes, aunque por un camino alternativo. Este economista entrerriano, que proviene de una familia agropecuaria, desarrolló su carrera profesional en el sector financiero de EE.UU.

En 2008, en pleno colapso de la crisis subprime, Marquevich, quien trabajaba en un banco de inversión estadounidense, entendió que existía una oportunidad para crear un fondo que canalizara capitales financieros (en ese momento en estado de pánico) hacia inmuebles rurales que actuaran como resguardo e inversión.

Así fundó Optimum Agriculture, que cuenta con inversiones en EE.UU., Europa y América latina, donde, luego de haber hecho escala en Uruguay (donde tienen 15.000 hectáreas de campos agrícolas que están bajo arrendamiento) y Perú, ahora tiene planes de desembarcar en la Argentina.

“Empezamos en 2008 con un fondo de 500 millones de dólares que compró campos en las zonas productivas de Arkansas, Mississippi, Illinois y Lousinana. Nos fue muy bien y vendimos ese fondo, para luego posicionarnos en el negocio de las verduras, frutas y frutos secos, que es donde creemos que existe un negocio con mucho potencial”, indica Marquevich a Bichos de Campo.

“Tenemos un comité de inversión, que aprueba los destinos de inversión, y la Argentina fue aprobado por primera vez en veinte años de operaciones.  Si nos va bien, esto nos va a permitir traer más capital al país”, apuntó.

El pistacho dejó de ser una apuesta marginal en Mendoza y comenzó a ocupar un lugar cada vez más visible en el mapa agroindustrial de esa provincia.

La superficie implantada pasó de unas pocas decenas de hectáreas a más de 1.200 y el cultivo se convirtió en uno de los que más crecen dentro de la fruticultura local.

Pero detrás de ese crecimiento aparece una paradoja: Mendoza está plantando pistachos mucho más rápido de lo que está produciéndolos.

Un informe elaborado por la Secretaría de Agricultura del Ministerio de Producción de Mendoza estima que la provincia pasó de unas 35 hectáreas a 1.219 hectáreas plantadas, lo que representa actualmente el 16,25% de la superficie nacional. A nivel país, la Asociación de Frutos Secos de Mendoza estima unas 7.500 hectáreas implantadas.

El dato ayuda a dimensionar el fenómeno. En 2016 Argentina tenía 1.008 hectáreas de pistacho, de las cuales apenas 32,5 correspondían a Mendoza. Para 2021, el país había alcanzado 3.038 hectáreas y Mendoza ya contabilizaba 376.

El salto continuó en los últimos años hasta configurar un cultivo que empieza a competir por capital, tierra y recursos con actividades tradicionales.

La expansión no es exclusivamente mendocina. Según un relevamiento de AgroFides, la superficie implantada con pistacho en Argentina creció más de 20% entre 2024 y 2025, con unas 1.800 hectáreas nuevas concentradas principalmente en San Juan y Mendoza.

Hace 25 años, Argentina y Brasil producían prácticamente la misma cantidad de granos. Hoy, el vecino país produce 2,5 veces más y, desde los años 2000, acumuló unos 1.550 millones de toneladas adicionales respecto de Argentina, un volumen equivalente a unas 12 cosechas récord argentinas y con un valor estimado en US$475.000 millones. La diferencia no se explica por una sola variable, sino por trayectorias de inversión y desarrollo productivo que fueron tomando rumbos diferentes.

El diagnóstico surge de un estudio del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC), presentado por Paula Szenkman, directora de Desarrollo Económico de la institución, e Iván Ordóñez, investigador asociado. El trabajo analiza la expansión agroindustrial brasileña y sus efectos sobre la producción, la economía y el territorio, al tiempo que plantea qué aprendizajes podría tomar Argentina de ese proceso.

Según el estudio, Brasil sostuvo durante décadas condiciones que favorecieron la inversión y la expansión productiva. Sus productores pudieron vender sus granos a valores cercanos a los internacionales, mientras el Estado acompañó la incorporación de nuevas zonas agrícolas mediante crédito, infraestructura e investigación tecnológica. Argentina, en cambio, aplicó desde 2002 derechos de exportación y otras medidas que redujeron los precios recibidos por los productores, además de restricciones cambiarias y límites a las exportaciones en distintos períodos. Entre 2002 y 2025, el productor argentino recibió, por tonelada, en promedio el 60% de lo percibido por uno brasileño en soja, el 65% en maíz y el 72% en trigo.

“Lo que más nos puede potenciar a los contratistas es tener información, poder procesarla, entenderla y usarla para obtener una ventaja, el negocio cambió, los números están más ajustados y necesitamos ser cada vez más profesionales”, dice, convencida, Jennifer Simone, tercera generación en una familia que lleva la prestación de servicios en la sangre.

Sucede que es nieta de Alberto, quien trabajó en el campo desde muy chico: primero como maquinista de otros hasta que pudo comprar sus propios equipos y se independizó. Y es hija de Fredy, actual presidente de la Federación de Contratistas de Maquinaria Agrícola (FACMA).

Jennifer, después de hacer los primeros palotes en la diaria administrativa, hoy ocupa un rol más de gestión, estrategia y planificación, para detectar qué conviene y qué no para terminar la campaña siendo rentables.

Se crió en Chivilcoy, entre fierros, en el galpón, en la quinta y “yendo al campo” porque “gran parte del tiempo ellos estaban ahí, asique para estar con ellos, sobre todo en las vacaciones, acompañábamos cada vez que podíamos”.

Durante la secundaria, Jennifer creyó que su vida profesional estaría ligada a la psicología. Sin embargo, después de un test vocacional (que hizo por sugerencia de su padre) todo confluyó hacia la administración. Por eso, hoy, llena de orgullo, después de ser mamá joven, está terminando Administración de Pymes. Además, se ocupa y disfruta de sus dos hijos, Tomás y Manuel y está casada con Nicolás.

Y, si bien ama y disfruta su trabajo, la planificación, “sentarme frente a la planilla y pensar cómo y por dónde avanzar”, encuentra en la danza un espacio de cable a tierra y reseteo.

En la previa del fin de semana largo en Estados Unidos, donde mañana se celebrará el Día del Trabajo, la soja completó su cuarta semana alcista seguida en Chicago, donde la desmejora de los cultivos y la firmeza de la harina tuvieron un papel protagónico en la continuidad de la tendencia positiva para los precios de la oleaginosa. El trigo, en cambio, cerró el segmento con precios en baja por la especulación de los inversores en torno de algún acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania que, de momento, contrasta con los hechos. Para el maíz casi no hubo cambios, por lo que el arranque de la cosecha se da con el mejor nivel de precios en 19 meses. El mercado argentino copió los movimientos externos, con subas para la soja y con valores que, pese a alguna oscilación, se mantuvieron en niveles firmes.

Tras los cambios impulsados por el bloque de La Libertad Avanza, las comisiones de Minería, Energía y Combustibles y de Presupuesto y Hacienda del Senado firmaron este jueves el dictamen del proyecto que establece un nuevo marco regulatorio para los biocombustibles, y se espera que se trate en el recinto este mes.

Finalmente, el proyecto que avanzó y defendió el Gobierno fue el de Patricia Bullrich entre los 7 presentados por distintos senadores. Establece una vigencia de 15 años mientras que la Secretaría de Energía del Ministerio de Economía será la autoridad de aplicación.

"Está muy modificada respecto a lo que era la ley original", señaló Bullrich sobre la iniciativa, y destacó que se trata de "un avance muy importante para que las no integradas sientan que han sido tenidas en cuenta y consideradas".

Entre los puntos más importantes de la nueva norma se encuentra la modificación del corte obligatorio y de los cupos de biodiésel y bioetanol en la mezcla con los combustibles. La principal problemática para avanzar en el proyecto se daba en el sector del biodiésel, ya que actualmente las empresas no integradas (pymes) tienen el cupo total del 7,5%, mientras que las empresas integradas (las exportadoras) no podían participar del mercado interno.

Ahora, tras varias idas y vueltas, el proyecto establece que el cupo obligatorio en el gasoil deberá contener inicialmente un 7,5% de biodiesel, porcentaje que se elevará al 10% a partir de los 12 meses de la sanción de la ley.

Horas después de conocerse que Granja Tres Arroyos ya desvinculó a unos 1730 trabajadores, más del 25% de su dotación total, el Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, que gobierna Axel Kicillof, dictó la conciliación obligatoria por 15 días hábiles en el conflicto por los despidos en las plantas bonaerenses de Capitán Sarmiento, Pilar y Esteban Echeverría. La medida alcanza a 1200 trabajadores. Además, se fijó una nueva audiencia entre las empresas Granja Tres Arroyos y Wade y el Sindicato de la Industria de la Alimentación de la Provincia de Buenos Aires (STIA) para el próximo jueves, con el objetivo de continuar las negociaciones y procurar la preservación de los puestos de trabajo.

En medio de la crisis financiera que atraviesa el grupo GTA, este viernes se conoció que el grupo ya había realizado alrededor de 1730 despidos entre las plantas de la compañía en Entre Ríos y Buenos Aires. La cifra se conoce mientras varios establecimientos del grupo permanecen paralizados y se profundiza una delicada situación financiera y operativa, con salarios atrasados, deudas millonarias y reclamos judiciales de acreedores. La empresa no respondió un pedido del sindicato STIA para que entregue la nómina completa de las personas desvinculadas, según indicó el gremio. El grupo emplea 6500 trabajadores en relación de dependencia en tres provincias.

De acuerdo con los datos reunidos hasta el momento, en la planta La China, de Concepción del Uruguay, Entre Ríos, los despidos ascienden a unos 480 sobre una plantilla que el sindicato ubica en alrededor de 930 trabajadores. En la provincia de Buenos Aires, donde se está llevando una audiencia entre el gremio y representantes de la firma, en tanto, se estiman unas 1250 desvinculaciones: alrededor de 750 en Capitán Sarmiento, 450 en Wade 2 (Esteban Echeverría) y otras 50 en Pilar.

La soja sería el único cultivo estival que aumentaría su superficie en Córdoba durante la campaña 2026/2027, mientras que el maíz perdería un 4% de área y quedaría cerca de los 3,4 millones de hectáreas.

La incertidumbre por la presencia de la chicharrita vuelve a influir en las decisiones productivas, especialmente en departamentos del centro-norte y este provincial.

Así lo indica la primera estimación de intención de siembra realizada en agosto por el Departamento de Información Agronómica de la Bolsa de Cereales de Córdoba (BCCBA).

El relevamiento, efectuado entre los días 3 y 9 de ese mes, informa que: “En términos generales, la intención de siembra muestra un incremento del área destinada a soja, mientras que para maíz, maní, girasol y sorgo se esperan reducciones respecto al ciclo anterior”.

A pesar de la caída prevista para el cereal y el girasol, ambos cultivos continuarían con superficies superiores a sus respectivos promedios históricos. La soja y el maní, en cambio, se mantendrían por debajo de los valores habituales.

El precio y la rentabilidad esperada aparecen como los principales factores al momento de definir la siembra de todos los cultivos analizados, con mayor incidencia en maní y girasol.

La rotación tiene más peso en las decisiones vinculadas con soja y sorgo, mientras que el pronóstico climático cobra especial relevancia para maíz y girasol.

Durante más de 30 años, el ingeniero agrónomo Aquiles Salinas estuvo al frente, en el INTA Manfredi, del módulo de riego, un espacio que fue pionero en la evaluación de los beneficios de esta tecnología en Argentina.

Y durante el reciente Congreso Argentino de Forrajes, donde fue convocado precisamente para hablar sobre el uso de tecnologías de irrigación para la producción de cultivos para silo o pasturas, reconoció que nunca se había puesto a evaluar con profundidad los datos generados en esas tres décadas de ensayos, en lo relacionado a producciones para alimentación animal.

“Los datos los tenía, pero nunca los había analizado. Y después de verlos con atención, diría que hay que darle bolilla (sic), porque los números en productividad y rentabilidad son incluso más contundentes que en los cultivos extensivos”, resumió.

En ese sentido, no dudó en dejar un mensaje claro y motivador para la audiencia presente en el Centro de Convenciones de Córdoba: “Usar riego en forrajes no solo es negocio, es ‘el’ negocio, mucho más que en trigo, soja o maíz”.

En primer término, Salinas hizo un repaso por datos generales que explican por qué es necesario que crezcan las áreas irrigadas: en Argentina, solo el 20% de las áreas con potencial agrícola tienen balance hídrico positivo, y esas zonas, concentradas fundamentalmente el centro-este y el Litoral, poseen el 80% del agua superficial del país.

Luego, al ingresar a los beneficios del riego, recordó por ejemplo que las mediciones realizadas en el INTA Manfredi arrojaron, para el caso del maíz, que un lote en el que se aplica agua de manera complementaria rindió en promedio 12.400 kilogramos por hectárea, más de un 50% por encima de los 8.000 de un planteo en secano.

Sin embargo, el maíz, si no es para un planteo de autoconsumo en un campo mixto que integre ganadería, demanda un alto costo de flete para llevarlo al puerto para su exportación. Y allí ese plus de rendimiento es posible que no termine siendo un gran negocio.

Ubicados a 8.600 kilómetros de distancia, el Estado de Iowa –en el medio oeste de Estados Unidos– y la provincia de Córdoba comparten un marcado perfil productivo: en sus respectivos países, son los principales productores de maíz.

La provincia argentina es incluso más extensa que el Estado estadounidense: tiene unos 165.321 kilómetros cuadrados (aunque buena parte de esa superficie es montañosa y, por ende, no es suelo agrícola), frente a los 145.745 kilómetros cuadrados de Iowa. Sin embargo, cuando la comparación pasa del territorio a la producción agrícola, la diferencia se vuelve contundente.

Córdoba sembró en la última campaña alrededor de 2,9 millones de hectáreas de maíz y obtuvo una producción cercana a 20 millones de toneladas, con un rendimiento promedio de unas ocho toneladas por hectárea.

Iowa, en cambio, destina cada año entre 5,2 y 5,5 millones de hectáreas al cereal y puede alcanzar una producción de más de 70 millones de toneladas, con rendimientos promedio por hectárea superiores a las 14 toneladas.

Es decir, sobre una superficie territorial menor, Iowa produce más del triple de maíz que Córdoba y una cantidad superior equivalente a toda la cosecha argentina. Esta magnitud hace que lo consideren como la capital mundial del maíz.

La diferencia se explica, en buena medida, por las condiciones naturales. Iowa está ubicado en el corazón del Corn Belt, con suelos profundos, ricos en materia orgánica y lluvias estivales que favorecen el desarrollo del cultivo. A eso se suma una larga temporada agrícola y una combinación de híbridos adaptados específicamente a esas condiciones.

Pero reducir el fenómeno a una cuestión de suelo y clima sería insuficiente. Iowa construyó alrededor del maíz una estructura productiva que trasciende al grano.