La producción de té en Misiones tiene una larga tradición exportadora. Estados Unidos es uno de sus principales destinos y utiliza principalmente la materia prima local para la elaboración de iced tea, una bebida de consumo masivo en el país del norte. Allí, el té misionero es valorado por sus características organolépticas y, sobre todo, por una cualidad clave para la infusión en frío: su capacidad de mantenerse traslúcido, sin perder color ni sabor.

En Argentina, sin embargo, el té frío todavía ocupa un lugar marginal. Su consumo suele asociarse a espacios gourmet o eventos gastronómicos puntuales. Esa brecha entre el potencial productivo y el hábito local fue el punto de partida de Ykua, un emprendimiento liderado por la empresaria misionera Lorena Runge, que decidió innovar con el té misionero para ofrecer una bebida novedosa pensada para el mercado interno y lista para su consumo.

Convencida de que no todo está dicho con el té y la yerba mate, Runge dialogó con Bichos de Campo desde su planta ubicada sobre la Ruta Nacional 14, en la localidad de Dos de Mayo. Allí, bajo el sello Ykua, producen té negro con durazno, té verde con limón y una reciente incorporación que amplía el horizonte de las infusiones frías: una bebida a base de yerba mate con limón.

“El Compinche Agro surge en 2018 como resultado de la escisión de la sociedad original Haras la Quebrada. Como consecuencia de esta reorganización, a María Inés Ceriani Cernadas le correspondieron dos unidades productivas: un establecimiento ganadero de 2200 hectáreas en Benito Juárez y un campo 100% agrícola de 1060 hectáreas en Teodelina”, cuenta Diego Thays, esposo de María Inés.

“En la empresa hay 960 hectáreas agrícolas de altísima producción en Teodelina, con una rotación que incluye trigo/soja de segunda-maíz-soja de primera. En maíz se usa genética de alto rinde para ambientes de elevado potencial, con muy buena fertilización, lo que permitió alcanzar un promedio de 13.000 kilos por hectárea en los últimos años. En soja también se utilizan variedades de alta producción, con progresivo paso a Enlist, que posibilitaron alcanzar 5000 kilos por hectárea. En trigo se utiliza genética de varios criaderos, lo que habilitó la obtención de 8100 kilos por hectárea en la campaña 2025/26”, agrega Eduardo Peres, gerente de producción de la empresa.

En ese campo, todos los trabajos de pulverización, siembra y cosecha se llevan adelante con contratistas. No se hace siembra y fertilización variables porque son lotes muy parejos y no se encuentran diferencias ambientales como para segmentarlos y utilizar dosis diferentes.

El Centro de Economía Política Argentina (CEPA) publicó un mapa federal que recopila cada uno de los conflictos laborales y cierres de empresas registrados durante 2024 y 2025. En total, entre despidos, suspensiones, quiebras y crisis productivas, la primera mitad del mandato de Javier Milei dejó un saldo de 629 casos, distribuidos a lo largo y ancho del país.

Un análisis pormenorizado de ese extenso y poco feliz mapa deja en evidencia que la agroindustria, en cada una de sus ramas, no fue ajena a esa crisis generalizada. En total, el sector registró 86 focos de conflicto, pertenecientes a 77 firmas, lo que representa poco más del 13% del total de todos los rubros.

De los casos más resonantes, a los que prácticamente no ocuparon la agenda pública. Lo que dicen -y lo que no también- las cifras. Y una única certeza: la pérdida de competitividad, los estallidos laborales, los altos costos, la caída en el consumo y la apertura de importaciones, golpeó de lleno hasta a los “gigantes” del agro y el sector alimenticio argentino.

Desde ya que, en el relevamiento que hizo el CEPA, el conteo es muy diverso y, como es ilustrativo, no contempla los grises de cada uno de los casos involucrados. Por eso es que, bajo el título de “conflictos laborales”, incluye a aquellas empresas que atravesaron despidos, suspensiones, retiros voluntarios, crisis, riesgo de venta o, directamente, la quiebra.

La Bolsa de Comercio de Rosario acaba de publicar el informe actualizado de capacidad instalada de procesamiento de oleaginosas en la Argentina y la cifra no puede sorprender a nadie.

El informe, basado en datos de J.J. Hinrichsen, muestra que la capacidad de molienda de oleaginosos –fundamentalmente soja– está estancada en 69,6 millones de toneladas.

La mayor parte de las industrias aceiteras se encuentran en el Gran Rosario, donde existe una capacidad de recibo de granos cercana a los 19.000 camiones por día, lo que representa alrededor de medio millón de toneladas de granos por día.

La zona del Gran Rosario dispone además de 14 muelles aptos para barcazas (que reciben soja proveniente mayormente de Paraguay) y 16 accesos ferroviarios.

Mientras que en 2024 Brasil superó a la Argentina en capacidad de procesamiento de granos oleaginosos, este año siguió consolidando su proceso de crecimiento mientras que su vecino del sur se estancó.

“La viticultura y la olivicultura siempre estuvieron en la mesa, en mi trabajo”, dice el técnico agrícola de Mendoza, Carlos Bassin, para resumir su trayectoria profesional. Aunque aquella acumula varias décadas, nada le impide ser flexible y acompañar los cambios que se van sucediendo. En particular, abraza el que se está gestando desde hace varios años al interior de la producción de olivas y aceite.

“En olivo, venimos con una base muy tradicional y fuerte de nuestros orígenes en Mendoza. Ella y San Juan fueron provincias pioneras en esta producción a nivel nacional”, contó el especialista en conversación con Bichos de Campo.

A ellas se les sumaron, luego, La Rioja y Catamarca, gracias al boom de esa actividad en la década de 1990, signada por una concentración de la actividad entre productores más grandes. Ahora, el foco de los nuevos desarrollos está, curiosamente, en el sudeste de la provincia de Buenos Aires.

“Hoy hay un polo hermoso para la producción de olivos. Aparece otra metodología de trabajo, otro sistema de manejo de cultivos”, señaló.

Bassin hace referencia, en particular, al fenómeno que está ocurriendo entre Coronel Dorrego y San Antonio Oeste, donde los emprendimientos olivícolas se multiplican. Allí se desarrolla, por caso, el de la firma Oleosan, de la que el técnico es asesor y sobre el que este medio ha narrado previamente.

En un contexto económico complejo, Agricultores Federados Argentinos (AFA) invirtió u$s65 millones entre septiembre de 2024 y noviembre de 2025. Así lo destacó su presidente, Darío Marinozzi, al evaluar el último año de la cooperativa de primer grado más importante del país. En rigor, entre el mantenimiento de las instalaciones que tiene en diez provincias y los nuevos emprendimientos, el ritmo de inversión anual hace tiempo que no baja de u$s35 millones anuales. El objetivo es generar valor agregado en las 130 localidades donde están presentes y continuar la tarea que cumplió en 93 años de historia: contribuir al sostenimiento de los pequeños y medianos productores.

Marinozzi, de Bombal, es uno de ellos. Transita su segundo período al frente de la entidad que en los últimos años también comenzó a atraer nuevos socios de mayor escala. En 2025, la inauguración de la planta de insumos biológicos captó la atención. A futuro se viene una remodelación integral de la sede central, la creación de una compañía de seguros y la construcción de instalaciones logísticas en Timbúes. Si cambia la ley de biocombustibles, el proyecto para construir una planta de bioetanol está listo para ponerse en marcha. En el horizonte también hay una apuesta al recambio generacional con proyectos de educación universitaria y fondos de inversión para jóvenes innovadores. En el medio está la coyuntura. La cosecha de trigo fue récord y el clima acompaña la gruesa pero prima la cautela. “Hay una memoria de la década del 90 y el productor sabe que, si no es cuidadoso con las inversiones, el panorama puede ser complicado”, advirtió el titular de la cooperativa.

La agricultura de precisión (AP) en Argentina muestra un notable avance en infraestructura tecnológica, especialmente en la Región Pampeana, que concentra el 86,5% de los establecimientos agropecuarios (EAP) que aplican estas prácticas.

Este progreso, sin embargo, enfrenta un desafío clave: transformar los datos generados en decisiones agronómicas efectivas. En este contexto, plataformas como xarvio® FIELD MANAGER de BASF ocupan un rol central en la integración de información para la gestión operativa.

Las provincias más avanzadas en agricultura digital son Córdoba (28,1%), Buenos Aires (27,8%) y Santa Fe (23,2%). La infraestructura de hardware es robusta: aproximadamente el 95% de las cosechadoras están equipadas con monitores de rendimiento, lo que permite la dosificación variable y el manejo sitio-específico, mejorando tanto la productividad como la sustentabilidad.

Actualmente, se estima que el 47% de la superficie agrícola nacional está documentada con herramientas avanzadas de monitoreo, lo que representa un salto significativo en los últimos años. Sin embargo, el Ing. Juan Pablo Cosentino, referente en digitalización y conectividad, advierte que el principal reto es operativo y de gestión.

Por Martín Gana.

En el interior productivo argentino, donde las empresas familiares son la base de la economía real, la trascendencia muchas veces se convierte en el mayor desafío. No se trata solo de números, sino de dar continuidad a un proyecto que nació con una generación y que busca proyectarse hacia la siguiente. Este escenario es habitual en empresas familiares conducidas por productores con trayectoria, que han logrado consolidar su negocio y hoy enfrentan un nuevo desafío: asegurar la continuidad y el crecimiento a través de las siguientes generaciones.

A medida que las familias crecen, también crece la necesidad de facturar más, generar mayor escala y construir una empresa capaz de sostener a varias familias sin perder competitividad. El verdadero desafío ya no es producir, sino trascender y transformar un proyecto exitoso en una organización con futuro.

Las empresas en estas condiciones pueden tener distintas actividades agropecuarias. Sin embargo, el verdadero problema no está en la producción, sino en la visión de futuro. En estos casos, el riesgo no suele estar en la capacidad de generar carne, leche o granos, sino en la falta de una estrategia de crecimiento alineada con el nuevo escenario familiar. Cuando la empresa no evoluciona en su forma de gestión y de planificación, aparecen tensiones económicas que ponen en jaque la continuidad del proyecto y limitan su potencial de desarrollo a largo plazo.

Por Ignacio Iriarte.

Ha sido un año muy positivo para la ganadería argentina. Mientras que el IPC (índice de inflación) se incrementó durante el 2025 un 30%, y el Índice de Insumos Ganaderos lo hizo un 41%, el precio del novillito durante el año que termina subió un 74%, el del novillo un 82%, el de la vaca gorda se incrementó un 56% y el de la vaca conserva buena un 57%.

De diciembre a diciembre, el precio del novillo Hilton subió un 73% y el precio del ternero de invernada (180-200 kilos) lo hizo un 84%, al mismo tiempo que el tipo de cambio oficial subió un 41%.

La oferta ganadera ha tenido diferentes vaivenes a lo largo del 2025, pero en los últimos cuatro meses muestra una tendencia declinante (5%), contribuyendo a la firmeza de las cotizaciones.

Los volúmenes de carne exportados están disminuyendo desde hace cuatro meses, porque los números –especialmente los de los negocios en China– no cierran, por su parte el consumo interno muestra firmeza, pese a que el precio de la carne vacuna al mostrador ha crecido en el 2025 bien por arriba de los ingresos de la población y del IPC.

Abundaron las sesiones, los proyectos y los debates, aunque el saldo en términos de leyes sancionadas resultó limitado, especialmente en áreas estratégicas como el agro, que continúa viendo postergados los marcos normativos clave para su desarrollo.

Según un relevamiento de la Fundación Barbechando –entidad vinculada al sector agroindustrial, que desde 2008 analiza el comportamiento legislativo–, durante 2025 el Congreso registró un elevado nivel de actividad administrativa: miles de proyectos ingresados, comisiones en funcionamiento permanente y una agenda cargada de temas sensibles.

Sin embargo, ese movimiento no se tradujo en normas efectivas. Apenas una decena de iniciativas logró convertirse en ley, lo que representa menos del 0,5% del total de proyectos presentados.

El dato refleja una dinámica legislativa atravesada por la polarización. Tal como señala Barbechando, el 70% de la agenda impulsada provino de la oposición, mientras que el oficialismo concentró su estrategia en frenar iniciativas que consideraba incompatibles con el equilibrio fiscal.

En los hechos, el Gobierno nacional asumió un rol defensivo, con el veto presidencial como herramienta central.

La disputa por la sostenibilidad fiscal marcó varios hitos del año. La moratoria previsional y los cambios en la movilidad jubilatoria, aprobados por el Congreso, fueron vetados por el Poder Ejecutivo.