La 2026 será sin dudas una vendimia muy recordada para la vitivinicultura argentina. Es que las condiciones climáticas, en un año clasificado como frío y húmedo en los principales valles del país, anticipan una calidad excepcional en los caldos de los vinos de esta añada, lo que contrasta con una crisis estructural que parece no tener solución y deja un preocupante panorama de cara al futuro.

Desde los rindes, los productores coinciden con la baja pronosticada por el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV), que, según la primera estimación oficial realizada en febrero de este año, la cosecha en Mendoza -principal provincia productora del país- alcanzaría los 13,45 millones de quintales, lo que implica una caída cercana al 9% respecto a 2025.

Sin embargo, mucha de esa uva no se pudo cosechar por la falta de recursos por parte de los productores y ha quedado en los viñedos, comprometiendo la producción de cara al 2027.

Asimismo, en un año que se ha definido como de mercado de vinos o de traslado, quienes pudieron levantar la materia prima tuvieron que afrontar los bajos precios a los que se pagó en primera instancia o tuvieron que encarar por cuenta propia la elaboración de los mostos para poder venderlos en un futuro.

A partir de los desafíos productivos, rurales y ecosistémicos que enfrenta la Patagonia, con más de 50 millones de hectáreas de praderas templadas, la región constituye uno de los ecosistemas más extensos y valiosos del país. Sin embargo, el aumento de la variabilidad climática, las sequías, los incendios y la degradación de los suelos profundizan las presiones sobre el territorio, en un contexto donde conservar la salud de los pastizales y sostener la ganadería requiere transformar y mejorar las prácticas de manejo.

Frente a este escenario, productores de la región demandan herramientas prácticas y accesibles que permitan mejorar la productividad, conservar los recursos y fortalecer la resiliencia de los sistemas ganaderos. Esto se mencionó en el marco del Congreso Argentino de la Ciencia del Suelo, que se realizó del 14 al 17 de abril.

En este marco, The Nature Conservancy (TNC) y Halkis llevan adelante el Programa Esteppa (Estrategias de Producción y Pastoreo en la Estepa Patagónica), una iniciativa binacional en la Argentina y Chile orientada a promover el pastoreo regenerativo, la mejora de los suelos y la generación de oportunidades de mercado. Entre sus ejes se destaca el desarrollo de proyectos de créditos de carbono concebidos como una oportunidad económica y ambiental para los productores.

El programa avanza en su implementación en la región y ya firmó cartas de expresión de interés con productores locales para iniciar el trabajo en más de 150.000 hectáreas productivas, en lo que representa un primer paso hacia la adopción de prácticas de pastoreo regenerativo a escala territorial.

De la semana de negocios en el mercado de granos estadounidense se destacaron las subas del trigo, que respondieron casi exclusivamente al mal estado de los cultivos de invierno. También hubo mejoras para el maíz, que cortó una racha negativa que se prolongó por cuatro semanas. En tanto que la soja cerró el segmento con leves bajas en Chicago, por el pobre desempeño de las exportaciones de EE.UU. y por el mejor panorama para la siembra 2026/2027. En el mercado argentino se mantuvieron sostenidos los precios de los cereales, mientras que la soja sigue deprimida, en el arranque de la cosecha.

Alejandro Vejrup, gerente de la Cooperativa Alfa de Tres Arroyos, afirma que “entre los cultivos de cosecha fina tradicionales del sudeste bonaerense, por ahora, la cebada presenta mejor margen que el trigo, gracias a su mayor rinde y buenos precios: ya hay cotizaciones del orden de 210 dólares por tonelada para la cebada forrajera con entrega en diciembre-enero. “Tiene la ventaja una menor necesidad de fertilización nitrogenada respecto de la cervecera, dado que no requiere alcanzar los niveles de proteína exigidos para un buen malteado ni para cosechar un trigo panificable”, resalta Vejrup.

El principal requisito comercial del cultivo es un peso hectolitrico mínimo de 62, que habitualmente se alcanza sin dificultades. En cambio, en la campaña pasada, numerosos lotes de trigo del sudeste bonaerense, con rindes de 6000 kilos por hectárea, registraron niveles de proteína del 9%, lo que derivó en descuentos del mismo tenor.

La cebada se exporta fluidamente a Arabia Saudita y otros países de Medio Oriente; en la campaña 2025/2026 se agregó Turquía, que adquirió 1 millón de toneladas que habitualmente importaba de países del Mar Negro. Como desventajas, Vejrup menciona una cosecha más lenta que la de trigo, con más riesgo de vuelco.

Los márgenes proyectados para la campaña de trigo 2026/2027 se presentan ajustados como consecuencia del incremento en los costos de fertilizantes, labores y fletes. Estos insumos y servicios han aumentado sus precios más que la mejora en la cotización del trigo. En ese contexto, “muchos productores consideran que la rentabilidad final de un lote estará muy explicada por el cultivo posterior al grano fino. En particular, el enfoque se orienta a asegurar condiciones que permitan alcanzar elevados rendimientos en la soja de segunda”, anticipa el consultor Diego Pasi.

“El girasol es la estrella del agro en la Argentina. Y creemos que será la estrella en los próximos cinco años”, afirmó Gustavo Idigoras, presidente de la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA) y el Centro Exportadores de Cereales (CEC) y máximo representante de la agroindustria argentina.

La producción del cultivo crecerá este año un 94% respecto de la campaña 2021/22, de menos de 4 millones de toneladas a la estimación de 6,5 millones de toneladas, en respuesta a una demanda internacional sostenida y a precios que incentivaron la expansión, según destacó Juan Martín Salas Oyarzun, presidente de la Asociación Argentina de Girasol (Asagir), que este jueves congregó a toda la cadena en Mar del Plata en un multitudinario evento bien denominado “Mar de Girasol”.

El gerente ejecutivo de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, Ramiro Costa, también describió un contexto internacional favorable. “El mundo está demandando más aceite, y el girasol está dentro de ese grupo. No hay indicador que no lo muestre al girasol como el gran ganador de los últimos años”, subrayó.

Salas Oyarzun puntualizó que “el crecimiento no solo se reflejó en el volumen de grano, sino también en mayores niveles de procesamiento y exportaciones”. En este sentido, durante 2025 las exportaciones de aceites y subproductos generaron cerca de un 50% más de divisas que el año anterior.

Y ponderó que la campaña se aproxima a 7 millones de toneladas, el récord de 1999/2000, aunque con 1,3 millones de hectáreas menos. “Ese es el primer agregado de valor en origen y una muestra clara del aumento de la sostenibilidad de nuestro sistema productivo”, que sólo con recuperar la superficie de siembra histórica podría llegar a casi 10 millones de toneladas.

En plena campaña, la soja argentina enfrenta un escenario dual. Por un lado, las lluvias persistentes en la región central ralentizan el avance de la cosecha, que alcanza apenas el 25% del área en la Zona Núcleo, muy por debajo del promedio histórico para esta época.

Sin embargo, la dinámica logística muestra un comportamiento opuesto: los puertos del Gran Rosario registraron ingresos récord de granos, con 18,8 millones de toneladas descargadas en lo que va del año, un 30% por encima del promedio. Este volumen elevado responde, en gran medida, al fuerte flujo de cereales y girasol, ya que la soja aún no ingresa masivamente al circuito comercial.

En este contexto, el precio disponible de la oleaginosa muestra debilidad. La cotización ronda los 430.000 pesos por tonelada, ubicándose —en términos reales— en su nivel más bajo desde julio del año pasado y un 22% por debajo del promedio. En dólares, la caída reciente también es significativa, en contraste con la estabilidad observada en los mercados internacionales.

A contramano de la soja en el mercado local, la harina de soja muestra una tendencia alcista a nivel internacional, alcanzando valores máximos desde fines de 2024 en Chicago.

Este impulso responde tanto a la demanda como al posicionamiento de fondos especulativos, lo que también se traduce en mejores precios de exportación para la industria argentina, con valores que superan los 370 dólares por tonelada.

No obstante, el informe advierte sobre cambios estructurales en el m

El agro argentino vuelve a quedar atrapado en un doble plano que parece estructural: el de las promesas de largo plazo y el de las urgencias inmediatas. Esta semana, ambas dimensiones quedaron expuestas con crudeza. Por un lado, la discusión sobre derechos de exportación, presión impositiva y competitividad; por otro, una cosecha de soja empantanada literalmente por el exceso de lluvias, con riesgos concretos sobre volúmenes y calidad.

Las declaraciones del secretario de Agricultura, Sergio Iraeta, en el summit de AmCham, funcionaron como un baño de realismo para quienes habían leído en clave más inmediata la promesa oficial de llevar las retenciones a cero. “Es muy complejo que yo diga la fecha”, admitió, y luego agregó una frase tan sincera como incómoda: que su opinión es que la eliminación total podría llegar recién al finalizar un eventual segundo mandato de Javier Milei. No es un dato, aclaró, pero en política económica las opiniones de los funcionarios también pesan. De todas formas, la administración Milei ya demostró que es una caja de sorpresas. La baja de Derechos de Exportación (DEX) puede ocurrir en cualquier momento.

El mensaje de Iraeta fue en sintonía con el del equipo económico al que pertenece: sin equilibrio fiscal, no hay margen para nuevas bajas de impuestos. El Gobierno reafirma su hoja de ruta, pero extiende los plazos. Para el campo, eso implica seguir operando bajo un esquema que considera distorsivo, justo cuando los costos internos siguen dolarizados y el clima empieza a ajustar las cuentas por las malas.

El común denominador que une a la Vaca Muerta con la Vaca Viva es que ambas apuntalan la macroeconomía, generando una imparable corriente de divisas.

Pero hay un “agujero” entre los grandes proyectos del RIGI y el mundo PyME, que cuenta ahora con el RIMI. En ese agujero anidan muchas de las inversiones que podrían dinamizar el interior productivo. La mayor parte, vinculadas a la agroindustria.

El Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) apunta a proyectos de más de 200 millones de dólares. Esta misma semana se conoció la mayor inversión de la historia en la provincia de Corrientes, con la megaplanta de celulosa de Ituzaingó: 2 mil millones de dólares con puerto sobre el Paraná. En paralelo, las iniciativas para las Pymes también son una gran noticia. Como el alivio fiscal para el riego.

Pero entre ambos extremos quedó un espacio vacío: empresas que no son PyME, pero cuyos proyectos tampoco alcanzan el umbral del RIGI. Un segmento que existe, produce, invierte y genera empleo. Que han sabido crecer a pesar de todas las dificultades. Pero que hoy no tiene instrumentos a medida.

No es un detalle menor. Allí se ubican muchas actividades agroindustriales clave para las economías regionales: olivos, pistachos, nuez pecán, nogales, fruticultura en general, que requiere una reconversión drástica en todos los eslabones. Sumemos el potencial de las proteínas animales, que valorizan la producción agrícola y los residuos agroindustriales: biocombustibles, productos biológicos, maní, arroz. Son sistemas productivos con ciclos largos, intensivos en mano de obra y con fuerte impacto territorial.

En medio del debate en el agro por una ley de semillas, la Cámara Argentina de Semilleros Multiplicadores (Casem) expresó su profunda preocupación por la situación que atraviesa el sector semillero de especies autógamas en la Argentina. A través de un comunicado manifestaron que el principal problema del sistema es el bajo uso de semilla legal.

El planteo de Casem se da en un contexto más amplio atravesado por la discusión sobre la propiedad intelectual en semillas, reactivada a partir de la firma del acuerdo entre la Argentina y Estados Unidos. En ese entendimiento bilateral, uno de los compromisos asumidos por el Gobierno nacional es avanzar hacia la adhesión al convenio internacional Upov- 91 (Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales), un estándar que otorga mayores derechos a los obtentores de nuevas variedades.

La eventual incorporación al acta de UPOV-91 implica un cambio relevante respecto del esquema vigente en el país, basado en Upov-78, ya que introduce una protección más amplia sobre la genética vegetal y aborda aspectos sensibles como el uso propio de la semilla por parte de los productores.

En ese escenario, la Casem expuso la necesidad de promover activamente el uso de semilla fiscalizada, herramienta que consideró clave para garantizar estándares de calidad, trazabilidad y respaldo técnico. Según resaltaron, la entidad que representa a semilleros multiplicadores a lo largo y ancho del país, reafirmó el rol central que cumple la calidad de la semilla como base del desarrollo productivo, la innovación tecnológica y la competitividad del agro argentino.

Un reciente artículo del Banco Mundial destacó dos obras de infraestructura hídrica para la producción en Argentina, una de Río Negro y otra de Córdoba, puntualmente el acueducto ganadero del sur provincial. Ambas financiadas por el propio Banco Mundial.

“Dos zonas agropecuarias clave de Argentina están logrando modernizar sistemas de irrigación estratégicos para fomentar el uso eficiente del agua. Invertir en agua para los alimentos es una forma de impulsar una agricultura resiliente, al mismo tiempo que se incrementan los rendimientos de cultivo de manera competitiva y global”, indicó el informe.

Luego detalló: en el sur de la provincia de Córdoba, un nuevo acueducto habilitó el acceso al agua confiable y permitió recuperar 50.000 hectáreas productivas, un paso crítico para consolidar la ganadería sustentable entre los pequeños y medianos productores de la región.

Por otro lado, en el valle de Río Negro, polo exportador de manzanas, peras y frutos secos, nuevas obras de riego permitieron la ampliación de la producción a 4.000 hectáreas.

“Estas inversiones se realizaron como parte del Programa de Gestión Integral de los Riesgos en el Sistema Agroindustrial Rural (GIRSAR), que con apoyo del Grupo Banco Mundial busca gestionar los riesgos de la agroindustria rural en todo el país”, explicó el artículo.